Brasil elige entre el ajuste fiscal de Flávio Bolsonaro y el gasto público de Lula
La campaña electoral brasileña confronta dos modelos económicos: el recorte de gasto y las privatizaciones defendidas por Flávio Bolsonaro frente a la expansión del gasto social que representa Lula. La reducción de la jornada laboral aprobada por el Senado se ha convertido en el símbolo del debate.
Por Marcos Esteban
La campaña electoral brasileña se dirime entre dos modelos económicos contrapuestos. Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, defiende un ajuste fiscal con recorte de gasto público y privatizaciones, mientras que Lula apuesta por mantener e impulsar las políticas de expansión del gasto social. Las propuestas económicas no están protagonizando el debate electoral, pero la distancia entre ambas visiones resulta cada vez más evidente.
El Senado aprobó el jueves una histórica reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, una de las banderas electorales de Lula. Con el fin de la escala 6x1 —seis días trabajados por semana y uno libre—, todos los trabajadores con contrato tendrán derecho a dos días libres semanales a partir de diciembre. Además, la jornada se reduce de 44 a 40 horas. La medida afecta a 37,11 millones de personas que trabajan más de 41 horas semanales, según el Ministerio de Trabajo.
«El fin de la escala 6x1 es más que un cambio en la jornada de trabajo. Es tener más tiempo para vivir, descansar, estar con la familia, ver cómo los hijos crecen, cuidarse y aprovechar la vida», aseguró Lula en redes sociales. En un giro de última hora, el Partido Liberal de Flávio Bolsonaro votó a favor para evitar un castigo electoral, ya que el 73% de los brasileños apoya la medida. Sin embargo, el candidato ya ha advertido al empresariado de que revisará la norma si gana los comicios.
La iniciativa no estaba en los planes iniciales del Gobierno. El detonante fue un vídeo viral de Rick Azevedo, un trabajador de farmacia de Río de Janeiro que acaba de ser elegido diputado. En septiembre de 2023 grabó un mensaje en TikTok para desahogarse tras recibir una llamada de su jefa en su único día de descanso: «Quiero saber cuándo nosotros, clase trabajadora, vamos a hacer una revolución en este país relacionada con la escala 6x1. Es una esclavitud moderna». El vídeo propició el nacimiento del Movimento Vida Além do Trabalho. La diputada Erika Hilton, que obtuvo más de un millón de votos, se convirtió en la gran abanderada del fin de la escala 6x1, y la presión de Lula fue clave para su aprobación en el Congreso en mayo por una amplísima mayoría.
Durante meses, Flávio Bolsonaro ha criticado la medida y ha defendido una ley alternativa para una «jornada flexible», la PEC 12/2026, en la que el trabajador cobre por hora trabajada. «La propuesta acentúa la explotación de mano de obra. Va en contradirección de casi todos los ordenamientos jurídicos occidentales, incluso contrariando entendimientos consolidados hace décadas por la Organización de Trabajo», asegura Nasser Ahmad Allan, abogado especialista en derecho laboral y socio del despacho Gasam Advocacia.
La postura de ambos candidatos ante la escala 6x1 revela dos visiones económicas opuestas. El triunfo de Flávio representaría la continuidad de las políticas de ajuste fiscal del gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022); el de Lula, la inercia de sus políticas de expansión del gasto público. Tras ganar la primera vuelta, Flávio Bolsonaro anunció un «tesouraço» —un tijeretazo— del gasto público de 200.000 millones, sin tocar los gastos sociales. Su programa prevé eliminar al menos diez ministerios, una reforma tributaria, bajada de impuestos y la reanudación de las privatizaciones de empresas públicas. Daniella Marques, asesora económica de Flávio, declaró en septiembre que su eventual gobierno eliminará más de mil normas, «usando la inspiración del gobierno de Javier Milei en Argentina».
Al final del mandato de Jair Bolsonaro, la deuda pública se redujo al 72,9% del PIB, en parte gracias a la privatización de 83 empresas públicas, cuyo número cayó de 213 a 130. Flávio ha reiterado en campaña que privatizará la empresa pública de correos, entre otras. Durante el gobierno de Lula, la deuda pública ha aumentado hasta el 82,9% del PIB en agosto. Lula no quiere renunciar al gasto social: «Mucho dinero en mano de pocos es pobreza», argumentó en una entrevista en vivo el pasado jueves.
El candidato del PL sostiene que su tijeretazo no afectará a los gastos sociales, pero Lula y la mayoría de los economistas lo cuestionan. Maria Lourdes Mollo, profesora de Economía de la Universidade de Brasília, declaró a Monitor Mercantil que no es posible hacer recortes sustanciales en el presupuesto público sin afectar al área social. Lula cita el legado del gobierno de Jair Bolsonaro, cuando «políticas como Farmácia Popular, Minha Casa, Minha Vida y Mais Médicos perdieron recursos o fueron reducidas». El informe Después del desmantelamiento 2019-2022 del Instituto de Estudios Socioeconómicos reveló una caída generalizada del gasto social: el programa Casa Verde Amarela redujo su presupuesto de 78,7 millones de reales a 29,7, y la inversión en Farmácia Popular cayó un 59%. El Bolsa Familia, renombrado Auxílio Brasil, fue el único que aumentó su valor, aunque por una medida legislativa del Congreso.
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