El gasto medio en transporte de los hogares españoles supera los 4.000 euros y agrava la desigualdad
Un informe de EAE Business School revela que el gasto anual en transporte ha crecido un 27% en una década, hasta los 4.020 euros, y se consolida como un factor de desigualdad territorial y económica en España.
Por Elena Lozano
El gasto medio anual de los hogares españoles en transporte ha superado por primera vez los 4.000 euros, consolidándose como un factor estructural de desigualdad. Según el informe «El precio de moverse. El transporte como factor de desigualdad en España», elaborado por EAE Business School, la partida destinada a la movilidad pasó de 3.158 euros en 2015 a 4.020 euros en 2025, lo que representa un incremento superior al 27% en una sola década.
Pese a este aumento, el peso del transporte sobre el presupuesto familiar se mantiene estable en el 11,5%. Para los autores del estudio, esta rigidez refleja que se trata de un gasto difícil de recortar sin afectar oportunidades laborales y vitales. «Cuando hablamos del coste de la movilidad, no basta con mirar cuánto gasta de media un hogar. Lo relevante es saber qué margen tiene para reducir ese gasto sin renunciar a un empleo, a un servicio o a una oportunidad. Ahí es donde aparece la verdadera desigualdad», explica Miguel Ángel López Gómez, profesor de EAE Business School y autor del informe.
El documento parte de una idea central: el transporte no debe analizarse únicamente como una partida de consumo, sino como el precio de acceso al empleo, a los servicios y a las oportunidades. Ese precio depende tanto del código postal como de la nómina, ya que la capacidad para asumir o reducir este gasto varía según la renta, la distancia a recorrer y las alternativas de movilidad disponibles.
El informe identifica la «pobreza de movilidad» como una de las principales consecuencias de estas desigualdades. Esta situación se produce cuando el coste de desplazarse supone una carga excesiva o cuando una persona no puede moverse lo suficiente y se ve obligada a reducir desplazamientos o renunciar a oportunidades. Por ello, gastar menos en transporte no siempre equivale a ser menos vulnerable.
El lugar de residencia condiciona decisivamente esta realidad. En 2025, el automóvil fue el principal medio de transporte para el 73,5% de las personas que viven en municipios de menos de 10.000 habitantes, frente al 29,6% en los municipios de mayor tamaño. La situación se invierte con el transporte público, utilizado como medio principal por el 48,8% de los residentes en los municipios más poblados, frente a solo el 10,9% en los más pequeños. El estudio dibuja así un modelo dual: grandes áreas urbanas con distintas alternativas de movilidad y territorios periféricos o rurales donde el coche puede convertirse en una necesidad.
Esta realidad afecta especialmente al empleo. Una mala conexión puede hacer que un puesto de trabajo resulte económicamente inaccesible, incluso cuando el salario es atractivo. El impacto de la movilidad no depende solo de la renta, sino también de la distancia y de las alternativas disponibles. El informe también vincula vivienda y movilidad: una vivienda más barata pero alejada de los centros de empleo puede generar un mayor coste de desplazamiento, de modo que parte del ahorro en vivienda termine trasladándose al transporte.
Más allá del impacto en las familias, el coste del transporte repercute en el conjunto de la economía. España presenta una elevada dependencia de la carretera para el transporte de mercancías, con 272.000 millones de toneladas-kilómetro y alrededor del 15% del total de la Unión Europea. Alimentación, agricultura, industria, construcción, comercio, distribución o turismo se encuentran entre los sectores más sensibles al encarecimiento de los costes logísticos. Así, el transporte no solo forma parte del IPC, sino que también influye en el precio de otros bienes y servicios. Un aumento de los costes logísticos puede trasladarse a los precios y reducir la competitividad de las empresas.
Ante este escenario, el informe apuesta por ampliar las alternativas de movilidad, especialmente para quienes tienen menos ingresos, recorren mayores distancias y dependen más del coche. La comparación internacional refuerza esta idea: el problema de España no está tanto en gastar más que otros países en transporte, sino en que las posibilidades de evitar ese gasto están distribuidas de forma desigual.
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