El Gobierno destinó más de 1.260 millones a Marruecos desde 2018
España ha desembolsado o comprometido más de 1.260 millones de euros en fondos públicos para Marruecos desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, según una recopilación de partidas oficiales. La mayor parte corresponde a créditos para trenes y desaladoras.
Por Elena Lozano
El Gobierno de Pedro Sánchez ha entregado o comprometido más de 1.260 millones de euros en dinero público para Marruecos desde su llegada a Moncloa en 2018. La cifra engloba cooperación al desarrollo, préstamos y financiación pública destinada a proyectos en el país vecino, según una recopilación de partidas oficiales. El grueso del desembolso se concentra en infraestructuras ferroviarias, agua, desarrollo económico y control migratorio.
La cantidad no implica que todos los fondos sean subvenciones a fondo perdido, pero sí supone un respaldo relevante para que Marruecos ponga en marcha determinados proyectos. La relación financiera entre ambos países se aceleró después del giro del Ejecutivo respecto al Sáhara Occidental: en marzo de 2022, Sánchez respaldó la propuesta marroquí de autonomía como la base «más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto, lo que abrió una nueva etapa en las relaciones bilaterales.
La primera gran vía de dinero es la cooperación española. La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) destinada a Marruecos pasó de 20,08 millones de euros en 2018 a 29,07 millones en 2019. Tras un descenso hasta los 18,4 millones en 2020 por la crisis de la Covid-19, la cifra repuntó con fuerza: 31,37 millones en 2021 y 58,55 millones en 2022, ejercicio en el que Marruecos se situó entre los principales receptores de la cooperación española. A esa cantidad se sumó un préstamo de hasta 20 millones de euros a través de FONPRODE para JAIDA, una entidad marroquí dedicada a las microfinanzas, lo que elevó el total de 2022 a al menos 78,55 millones.
En 2023, la AOD bilateral rondó los 50,2 millones de euros, a los que se añadieron otros cinco millones mediante un crédito FIEM concedido a la empresa pública marroquí ONEE para financiar dos plantas potabilizadoras. La suma acumulada de estas partidas entre 2018 y 2023 supera los 230 millones de euros. El cálculo es conservador: en julio de 2019, el Gobierno aprobó 30 millones para ayudar a las autoridades marroquíes a combatir la inmigración irregular, el tráfico de inmigrantes y la trata de seres humanos, aunque esa cantidad no se suma adicionalmente al total ante la posibilidad de que esté incluida en las estadísticas de AOD de aquel ejercicio.
El salto más importante llegó con los grandes proyectos de infraestructuras. En 2024, COFIDES participó en la financiación de la desaladora de Casablanca mediante un préstamo de 31 millones de euros procedente del Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) y de recursos propios de la entidad pública. Pero fue en 2025 cuando las cantidades se dispararon: España articuló una financiación pública de más de 750 millones de euros para que la empresa ferroviaria pública marroquí ONCF adquiriera 40 trenes interurbanos. La operación se financió mediante el FIEM y se articuló a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con garantía soberana de Marruecos, y está vinculada a la adquisición de los trenes adjudicados a la española CAF.
A esa operación se sumaron otros 250 millones de euros de crédito FIEM para la desaladora de Casablanca. El respaldo público a esta infraestructura es todavía mayor: Economía cifró en cerca de 340 millones el apoyo español al proyecto si se incorpora también la cobertura de CESCE sobre financiación privada, aunque esa garantía no se suma al total al no constituir un desembolso público equivalente. Solo los créditos para los trenes y la desaladora movilizaron más de 1.000 millones de euros en 2025.
La factura recopilada supera los 1.260 millones desde 2018, pese a que todavía no incorpora toda la cooperación correspondiente a los últimos ejercicios por falta de datos oficiales desagregados comparables. La cifra muestra la magnitud de los recursos públicos que España movilizó hacia Marruecos durante el gobierno de Sánchez, desde cooperación y control migratorio hasta microfinanzas, agua y, sobre todo, grandes infraestructuras.
