España acumula más de 1.000 días sin nuevos Presupuestos Generales del Estado
El Gobierno no presenta unas cuentas nuevas desde 2023 y la prórroga presupuestaria se prolonga sin precedentes claros. El Senado ha llevado el bloqueo al Tribunal Constitucional, que admitió el recurso y podría resolver a finales de año.
Por Inés Benítez
España encadena más de 1.000 días sin que el Gobierno haya presentado un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado. El país funciona con la prórroga de las cuentas de 2023, una situación que se ha prolongado durante años sin que la legislación contemple cómo actuar si el bloqueo se eterniza. La parálisis presupuestaria constituye una anomalía en el marco europeo y ha abierto un debate jurídico sobre los límites del mandato constitucional del Ejecutivo.
A diferencia de Estados Unidos, donde el desacuerdo entre el Congreso y la Casa Blanca puede desembocar en un cierre de la administración federal —el conocido como government shutdown—, el ordenamiento español no prevé escenarios tan drásticos. Ni los grandes museos ni los principales monumentos han dejado de recibir visitantes, y el gasto público no se ha paralizado. Sin embargo, la ausencia de unas cuentas actualizadas deja al Gobierno operando con un marco diseñado para un contexto económico y social distinto.
La normativa sobre la prórroga presupuestaria es muy escueta y no establece plazos ni mecanismos para forzar la presentación de un nuevo proyecto. «Nadie puede forzar a redactar un proyecto de ley. Antes era casi automático que, si el Parlamento no apoyaba los Presupuestos, el Gobierno convocaba elecciones. Ya no es así, y está ocurriendo también a nivel autonómico», explica Violeta Ruiz Almendral, catedrática de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Carlos III de Madrid.
Ante la falta de iniciativa del Ejecutivo, el Senado, dominado por el Partido Popular, ha presentado un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional. El organismo ha admitido a trámite el recurso y se espera una resolución para finales de año. Los senadores sostienen que el Gobierno incumple el artículo 134 de la Constitución, que le obliga a elaborar y presentar las cuentas, y que esa omisión priva al Parlamento de ejercer su función legislativa en materia presupuestaria.
No existe un precedente que indique cómo puede resolverse esta cuestión. El caso más parecido se remonta a 2002, cuando el Tribunal Constitucional anuló una ley del País Vasco que adaptaba la prórroga del presupuesto autonómico. El Gobierno central impugnó la norma al considerar que creaba un doble régimen presupuestario, y el alto tribunal la declaró inconstitucional por vulnerar los principios de unidad y universalidad presupuestaria.
Ruiz Almendral, que fue letrada del Constitucional entre 2011 y 2020, apunta que una vía para obligar a un Gobierno a presentar los Presupuestos pasaría por endurecer el propio artículo 134 de la Constitución. «¿Pero cuáles serían las consecuencias? Puede que el resultado sea peor», reflexiona la jurista. En su opinión, un bloqueo total como el estadounidense resulta impensable no solo en España, sino en el conjunto de Europa, donde el sector público ocupa un espacio central y el Estado del bienestar está consolidado. «No sería asumible», concluye.
El caso español se mantiene así como una excepción dentro de las democracias europeas: el Ejecutivo sigue gobernando con las cuentas de hace tres años mientras el Tribunal Constitucional estudia si esa prórroga indefinida vulnera el reparto de funciones entre Gobierno y Parlamento.
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