Garamendi congela la relación con el Gobierno por incluir a la patronal como 'lobby'
El presidente de la CEOE anuncia que no mantendrá contactos con el Ejecutivo hasta la votación en el Congreso del decreto que obliga a empresarios y sindicatos a registrarse como grupos de interés. UGT también muestra su malestar y estudia no inscribirse.
Por Inés Benítez
El presidente de la Confederación Española de Asociaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha anunciado este miércoles que congela sus contactos con el Gobierno hasta el 16 de septiembre, fecha en la que el Congreso de los Diputados votará la convalidación del Real Decreto-ley que crea el registro público de lobbies. La norma obliga a la patronal y a los sindicatos a inscribirse en el denominado Registro de Grupos de Interés cuando realicen actividades dirigidas a influir en la elaboración de políticas públicas o proyectos normativos.
«Hoy he transmitido a nuestras organizaciones, casi 4.500 organizaciones en la CEOE, que no vamos a hablar con el Gobierno porque acaban de sacar la ley de lobbies y nos han incluido en la ley», ha explicado Garamendi en declaraciones a los medios desde Ceuta, donde la Junta Directiva de la organización celebraba una reunión. El líder empresarial ha recordado que la CEOE figura en la Constitución Española como agente social y ha subrayado que «defendemos a las empresas con sentido de Estado». «Ni nos pondremos al teléfono», ha advertido, en un tono que refleja el malestar de la organización ante una medida que considera improcedente.
La decisión de Garamendi se produce después de que el Ejecutivo aprobara por decreto ley el registro de lobbies, una herramienta de transparencia que busca identificar a quienes intentan influir en la acción del Gobierno. La inclusión de los agentes sociales en este registro ha generado un fuerte rechazo no solo en el ámbito empresarial, sino también en el sindical. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que «no conoce a ningún país del mundo que sitúe a las organizaciones sindicales como lobbies», y ha defendido que los sindicatos, por mandato constitucional, son «defensores del interés general», mientras que los lobbies representan «intereses particulares».
Álvarez ha señalado que el sindicato está analizando jurídicamente el decreto y que aún no tiene una valoración cerrada. «Vamos a valorarlo, ahora no tengo cerrada una valoración, la estamos trabajando jurídicamente», ha dicho, para añadir que UGT podría «aceptar» la nueva consideración y registrarse, o bien rechazarla. «Lo mismo nos declaramos en rebeldía», ha sostenido, dejando abierta la posibilidad de que el sindicato no se inscriba en el nuevo listado.
La reunión de la Junta Directiva de la CEOE en Ceuta también ha servido para abordar la delicada situación que atraviesan los negocios de la ciudad autónoma tras la crisis migratoria registrada en la frontera con Marruecos. Garamendi ha advertido de que las pérdidas de los comercios locales «son evidentes» y ha reclamado seguridad «urgente» para la ciudad. «Los empresarios nos dicen que lo que quieren es vivir como vivían antes, quieren volver a la normalidad», ha señalado, tras denunciar que actualmente en Ceuta «no hay libertad de empresa» debido a la inseguridad, que está obligando a algunas compañías a contratar seguridad privada.
Para el líder de los empresarios, la situación en Ceuta es «un problema de soberanía nacional» y ha insistido en que «no puede volver a pasar». «Se tendrá que decidir quién lo ha hecho bien o mal, pero no puede volver a pasar. Es un atentado contra la soberanía», ha enfatizado. La presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, Arantxa Campos, ha señalado que los negocios necesitan una solución inmediata y un plan hasta que la situación se resuelva, y ha lamentado que las ayudas aprobadas por el Ministerio de Economía resulten «total y absolutamente insuficientes» mientras la crisis continúe.
