La incertidumbre regulatoria bloquea más de 1.500 contratos de alquiler y satura los despachos de abogados
La convocatoria electoral del 29 de noviembre y el intento de convalidar de nuevo la normativa de vivienda a través de la Diputación Permanente han reabierto la inseguridad jurídica en el mercado del alquiler. Los despachos de abogados se declaran desbordados, 4.235 viviendas han salido del alquiler residencial y 1.523 contratos permanecen suspendidos, según la patronal inmobiliaria FAI.
Por Iván Serrano
La convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre y el movimiento del Ejecutivo en funciones han vuelto a convulsionar el mercado del alquiler. La intención de Moncloa de intentar convalidar de nuevo los textos regulatorios a través de la Diputación Permanente de la Cámara Baja ha reabierto de golpe un clima de incertidumbre jurídica que afecta ya a propietarios, inquilinos y profesionales del sector.
Los despachos de abogados especializados en derecho inmobiliario se encuentran ante un escenario muy complejo a la hora de orientar a las partes. «Es complicado porque no podemos dar respuesta a los inquilinos y propietarios ahora mismo», admiten diversos bufetes ante la falta de certezas. La inestabilidad reglamentaria ha generado una avalancha de dudas en las consultorías jurídicas, saturando el trabajo diario de los especialistas.
Carla Martí, abogada experta en la materia, confirma este incremento de la actividad: «Las consultas jurídicas han aumentado, tanto inquilinos como propietarios nos preguntan constantemente qué deben hacer ahora». Respecto a la situación de quienes firman prórrogas de contratos amparándose en el texto durante el periodo en que estuvo en vigor, la letrada aclara que sus efectos se mantienen: «Si se ha aplicado en el momento en el que estaban en vigor, esa medida se mantendrá vigente».
Los juristas cuestionan, además, la solidez técnica de tramitar un nuevo decreto de contenido idéntico tras la disolución de las Cortes. Pablo De Palacio, abogado especialista en derecho civil e inmobiliario, advierte de los límites del procedimiento: «Si es la Diputación Permanente quien tiene que aprobarlos porque se han disuelto las Cortes, tendrá que ser un decreto completamente nuevo, no puede tener las mismas cláusulas al tratarse de la misma materia». Para el letrado, la insistencia en redactados similares aboca a un panorama legal muy endeble: «O van a entender que es un decreto inconstitucional o deja una inseguridad jurídica latente».
El impacto de este nuevo vuelco legislativo ya se refleja de forma cuantitativa en los portales inmobiliarios. Según datos de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), 4.235 viviendas han quedado fuera del mercado de alquiler residencial habitual. Asimismo, las agencias reportan 1.523 contratos pendientes de formalizarse que han quedado suspendidos o bloqueados.
Desde la patronal advierten de que la actividad en el alquiler permanente podría registrar un descenso de entre el 25% y el 30% en las próximas semanas. Detrás de esta contracción confluyen varios factores: la retirada cautelar de pisos, los retrasos en las firmas, el traspaso hacia la compraventa y la derivación hacia el alquiler de temporada o vacacional.
Ramón Balsells, CEO de la inmobiliaria Grup Balsells, explica que esta desconfianza legal ha llevado a muchos propietarios a retirar de forma cautelar sus inmuebles de los portales inmobiliarios a la espera de que el escenario normativo se aclare: «Otros han optado por poner las viviendas a la venta o desviarlas hacia el alquiler temporal y vacacional».
El caso de Javier Medina, propietario de 11 pisos, ilustra esta tendencia. Medina había terminado de reformar tres viviendas y tenía interesados en ocuparlas, pero tras conocer las nuevas medidas decidió no firmar los contratos. Según explicó en el programa La Mesa de Antena 3, uno de los pisos ya estaba reservado y otro encontró una persona interesada al día siguiente. Sin embargo, el anuncio de las medidas del Gobierno le hizo echarse atrás. Medina sostiene que existe inseguridad jurídica para los propietarios y teme que las prórrogas afecten a otros alquileres que están próximos a finalizar.
El escenario dibuja un mercado del alquiler paralizado por la incertidumbre normativa, con los despachos de abogados al límite y miles de viviendas y contratos en suspenso mientras se aclara el futuro de la regulación.
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