EEUU imputa a Maduro y a Cilia Flores por torturas y represión
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, de conspiración para cometer torturas contra ciudadanos venezolanos y estadounidenses. La acusación describe un sistema de represión con descargas eléctricas, asfixia y violación. Flores permanecerá en prisión tras rechazarse su petición de arresto domiciliario.
Por Iván Serrano
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha imputado a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, por delitos de tortura contra personas detenidas, tanto ciudadanos venezolanos como estadounidenses, en el marco de un «sistema de represión que recurría a la violencia contra la oposición política, la detención arbitraria y la tortura de personas detenidas». La acusación, presentada este jueves, señala a ambos como responsables de una «estructura de poder violenta» utilizada para consolidarse en el poder.
El escrito de la Fiscalía detalla prácticas de tortura como descargas eléctricas, asfixia, violación, desnudez forzada, aislamiento prolongado, privación de alimentos, celdas de castigo y torturas psicológicas, incluidas amenazas de dañar o matar a familiares de las víctimas, incluso a sus hijos. Estos actos, según el documento, demuestran la frialdad de un régimen que duró cerca de 13 años.
Maduro y Flores, según la acusación, promovieron y facilitaron estos sistemas para acumular de forma ilegal «enormes riquezas y poder», recompensando a sus aliados con fondos obtenidos ilegalmente y aterrorizando a sus supuestos opositores mediante persecución y violencia. La estructura política del régimen se basaba en el control sobre las fuerzas militares, el poder judicial y los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Venezuela, así como en «alianzas con grupos delictivos organizados, incluso organizaciones terroristas y grupos de bandas patrocinadas por el Estado».
La Fiscalía señala que Maduro pudo desarrollar este sistema gracias a varios altos cargos que ordenaban «asesinatos» o métodos de tortura con su pleno conocimiento, liderando una «agencia responsable de torturar a decenas de víctimas». También se le acusa de «aprobar personalmente» el arresto ilegal y la tortura de personas específicas. Uno de los casos de ciudadanos estadounidenses descritos en la nueva acusación, conocido como «víctima 7», fue torturado tras ser acusado falsamente de «haber participado en una conspiración para asesinar a Maduro».
Estos cargos se suman a los que ya pesaban sobre Maduro por formar parte de una supuesta trama de narcotráfico mediante la cual introducía droga en Estados Unidos. El propio Maduro se ha declarado inocente de los cargos imputados y ha denunciado que su detención es ilegal.
Por su parte, Cilia Flores ha solicitado quedar en libertad bajo fianza y esperar en arresto domiciliario el juicio que le espera en Estados Unidos. El juez Alvin Hellerstein, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, ha rechazado este jueves su petición. Flores argumentó que su salud se ha agravado notablemente durante sus meses en prisión, donde comparte unidad con más de 40 reclusas, entorno que su equipo considera «contraproducente» para cualquier recuperación médica.
La esposa de Maduro alegó que sufre taquicardia ventricular, episodios de intensa opresión torácica, una pérdida de más de diez kilos de peso y de dos piezas dentales, además de no haber recibido tratamiento inyectable periódico, el cual controlaba un prolapso de la válvula mitral. Pese a manifestar su malestar y pedir el arresto domiciliario, el juez denegó la solicitud, por lo que permanecerá recluida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, prisión en la que ingresaron tanto ella como su marido el 3 de enero de 2026.
La relación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero con Maduro también ha sido objeto de escrutinio. Su vínculo se remonta a los años 2015-2016, después de dejar la Presidencia. Zapatero sostiene que mantenía una relación de intermediador entre Maduro y su oposición para facilitar el diálogo, pero fue imputado por el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional por presunto tráfico de influencias y falsedad documental, vinculándolo como líder de una supuesta trama relacionada con comisiones, el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en el que se llevaron 53 millones de euros, y petróleo o recursos venezolanos. Zapatero siempre ha negado las acusaciones y afirma que su actividad ha respetado siempre la legalidad.
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