Macron rechaza la dimisión de Nuñez y exige nuevos métodos contra los violentos
El presidente francés mantiene a Laurent Nuñez al frente de Interior pese a los disturbios del sábado, que dejaron 2.400 detenciones y cerca de un millar de agentes heridos, y le pide actuar con más contundencia.
Por Iván Serrano
Emmanuel Macron ha decidido mantener a Laurent Nuñez como ministro del Interior tras los graves disturbios del sábado en París y otras ciudades francesas. El presidente ha rechazado la dimisión que el propio Nuñez le había presentado y le ha pedido que aplique «lo antes posible sobre el terreno nuevos métodos de actuación» contra los responsables de los incidentes, según han indicado desde el Elíseo.
La decisión presidencial se produce después de que el ministro reconociera en una entrevista a France Inter que había puesto su cargo a disposición de Macron «porque soy responsable de todo lo que está ocurriendo». El primer ministro galo ha justificado el rechazo de la dimisión en «la necesidad de mantener el mando de las fuerzas del orden en el contexto actual».
Los disturbios del 17 de octubre se saldaron con 2.400 detenciones y cerca de un millar de miembros de las fuerzas de seguridad heridos. La actuación policial ha sido cuestionada por los alcaldes de varias localidades francesas, entre ellas París, Marsella y Limoges, cuya alcaldía fue incendiada durante los incidentes.
El propio Nuñez admitió este lunes que el despliegue policial fue «en algunos aspectos, asimétrico en relación con el volumen de participantes», ya que la participación fue «claramente mayor de lo que habíamos previsto». Sus pronósticos estimaban 200.000 manifestantes para el sábado, mientras que la cifra final ascendió a 500.000 personas. «Es probable que también se haya subestimado el número de vándalos y saqueadores, así como la presencia de activistas de extrema izquierda», añadió el ministro.
Nuñez precisó que el sábado se movilizaron sesenta mil personas, entre ellas «todas las fuerzas móviles, gendarmes y agentes de policía». «La cuestión ahora es cómo garantizar que esto no vuelva a ocurrir», reflexionó. El ministro reconoció igualmente que las fuerzas de seguridad perdieron el control en algunas grandes ciudades durante la jornada de protestas y admitió fallos de previsión en el despliegue policial.
En la misma línea, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, reconoció el fracaso de la gestión de esa jornada y atribuyó parte de los problemas a las deficiencias de los servicios de inteligencia. «Lo que dijeron el presidente de la República y el ministro del Interior fue que hubo un fallo en la inteligencia. No se puede tener una buena labor policial sin una buena inteligencia», subrayó Darmanin, quien advirtió de que el extremismo de extrema izquierda constituye una amenaza para Francia, junto con el crimen organizado y el terrorismo.
Darmanin informó de que hasta las 08:00 de este lunes había 2.331 personas bajo custodia policial en Francia por los disturbios y saqueos del fin de semana. Añadió que el 70% son mayores de edad, «muy conocidos de la policía», y que en más del 80% de los casos la Fiscalía solicita prisión preventiva, lo que, a su juicio, refleja la firmeza de la respuesta judicial.
Por su parte, la fiscal de París, Laure Beccuau, aseguró en TF1 que la Fiscalía no «cejará en su empeño» por encontrar a los responsables de los actos de violencia y saqueos en la capital desde el sábado, y pidió a los comerciantes afectados que conserven posibles pruebas, como objetos abandonados o rastros de sangre. La Prefectura de Policía de París ha creado un grupo especial de investigación para examinar las denuncias y revisar las imágenes disponibles, incluidas las grabaciones de cámaras de seguridad de comercios, los sistemas de videovigilancia y las redes sociales. Las autoridades también han solicitado a los testigos que entreguen sus vídeos a la policía.
Los disturbios del sábado incluyeron saqueos de comercios, ataques contra edificios públicos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en París y otras ciudades francesas, unos hechos que han llevado al Gobierno a reconocer públicamente tanto la pérdida de control en algunos puntos como los fallos en la previsión del despliegue policial.
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