Albares admite que será «muy difícil» que los descendientes de la ley de nietos voten el 29N
El ministro de Asuntos Exteriores reconoce que los consulados no podrán verificar a tiempo quiénes obtuvieron la nacionalidad por la ley de nietos y descienden de exiliados, tal como exige el Tribunal Supremo para las elecciones del 29 de noviembre.
Por Elena Lozano
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha admitido que será «muy difícil» que los consulados puedan comprobar a tiempo quiénes obtuvieron la nacionalidad al amparo de la llamada ley de nietos y son descendientes de exiliados, un requisito que el Tribunal Supremo ha exigido para que puedan votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre.
En declaraciones a Telecinco, Albares ha explicado que, nada más recibir la notificación del alto tribunal, se remitió un telegrama con «instrucciones muy precisas» a todos los consulados para que actúen «de manera diligente» y «movilicen todo el personal que necesitan». Además, se han anulado todos los permisos de los cónsules para que puedan dedicarse a esta tarea sobrevenida.
El titular de Exteriores ha detallado que la Oficina del Censo Electoral ya dispone de los datos de los nacionalizados en 2025 y 2026, puesto que fueron incluidos directamente a través de DICIREG, el nuevo Registro Civil digital. Eso permite comprobar quiénes descienden efectivamente de exiliados y, por tanto, tienen derecho a votar. Para el resto de los casos, el ministerio ha creado una herramienta informática que permite volcar los datos para que los tenga la Oficina del Censo Electoral, aunque se trata de un procedimiento que hay que hacer «manualmente», según ha subrayado el ministro.
Albares ha recordado que la Dirección General de Asuntos Consulares ya había informado, a través de la Abogacía General del Estado, de que tardaría «por lo menos hasta enero» en completar este proceso. Ha incidido en que si ya era «difícil» llegar a tiempo a las elecciones autonómicas y municipales de mayo, «en un plazo tan corto se antoja todavía mucho más difícil». Pese a ello, ha asegurado que «se están poniendo todos los medios» y ha añadido: «Por nosotros no va a quedar», al tiempo que subrayaba que «nadie está obligado a lo imposible».
La situación afecta a unas 163.000 personas nacionalizadas que, según los colectivos de descendientes, podrían quedarse sin ejercer su derecho al voto el 29 de noviembre. La decisión del Supremo ha generado una notable preocupación entre los afectados, que han presentado alegaciones ante el alto tribunal y han reclamado al Defensor del Pueblo que levante la medida cautelar que pesa sobre este colectivo.
Albares ha aprovechado su intervención para salir en defensa de los cónsules y del personal del Servicio Exterior frente a lo que ha calificado como una «campaña de acoso, de insidias, en muchas ocasiones personales, con nombres y apellidos y fotografías de los cónsules de España en el mundo». Ha defendido que no se puede poner en tela de juicio su «honorabilidad y profesionalidad» cuando lo que están haciendo es una «tarea sobrevenida», para la que tienen un «tiempo totalmente exiguo» y que se suma a sus «tareas cotidianas» como inscribir nacimientos o expedir pasaportes, además de las relacionadas con el voto exterior.
En este sentido, ha exigido a PP y Vox que cesen en sus ataques porque «está en juego la profesionalidad y la honorabilidad de los cónsules y de todos los funcionarios del Servicio Exterior». «Es realmente algo que yo no voy a tolerar nunca», ha zanjado, antes de asegurar que les va a «apoyar siempre y a defender siempre frente a esos ataques».
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