Ayuso exige acreditar la última residencia en Madrid para votar desde el exterior
La Comunidad de Madrid presentará alegaciones ante la Junta Electoral Central para que solo puedan votar desde el exterior en las elecciones autonómicas quienes acrediten documentalmente que su última residencia fue un municipio de la región, tras la suspensión del CERA por el Tribunal Supremo.
Por Iván Serrano
La Comunidad de Madrid exigirá que solo puedan votar desde el exterior en las elecciones a la Asamblea de Madrid quienes acrediten documentalmente que su última residencia fue un municipio de la región. La presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció este viernes, durante el Debate del Estado de la Región, que su Gobierno presentará alegaciones ante la Junta Electoral Central para fijar ese criterio en la instrucción que el Tribunal Supremo ha ordenado elaborar a las oficinas consulares.
La medida responde a la suspensión cautelar decretada por el Alto Tribunal sobre la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de las personas que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la conocida como Ley de Nietos. Según el Supremo, el incremento extraordinario de electores entraña un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral. Desde las últimas elecciones generales, el registro de españoles fuera del país ha sumado 408.262 personas, una cifra que los jueces consideran excepcional y creciente.
«Constatada esa ilegal alteración del censo electoral que ha promovido el Gobierno central a través de una instrucción a la llamada Ley de Nietos, la Comunidad de Madrid va a presentar alegaciones ante la Junta Electoral Central», declaró Ayuso desde la tribuna de la Asamblea. El Ejecutivo autonómico reclama que la determinación del municipio de inscripción de quienes adquieran la nacionalidad española se haga teniendo en cuenta «exclusivamente» los criterios del artículo 7.3 del Estatuto de Autonomía. «Solo se podrán incorporar al censo como votantes desde el exterior en las elecciones a la Asamblea de Madrid aquellas personas cuya última residencia acreditada documentalmente sea un municipio de la región», precisó la presidenta.
La Comunidad rechaza así que se apliquen otros criterios, como los establecidos en el Acuerdo de la Junta Electoral Central en relación con la Ley de Nietos, que recurren a conceptos indeterminados como el de «mayor arraigo». A juicio del Gobierno madrileño, esa fórmula iría en contra del Estatuto de Autonomía. El objetivo del Ejecutivo autonómico es que en la instrucción ordenada por el Supremo se incluya la obligatoriedad de acreditar la última residencia en la región.
Ayuso trabaja en este asunto desde diciembre de 2025, cuando alertó a su equipo de las pretensiones de Pedro Sánchez de utilizar la Ley de Nietos para hacer ingeniería electoral y mover los censos en su beneficio ante la caída del respaldo al PSOE, según el Gobierno regional. La presidenta llevaba meses escuchando testimonios sobre cómo estaba ejecutando el Gobierno central la norma en embajadas y consulados. Aquello derivó en la creación de un grupo de trabajo de élite integrado por juristas, expertos en procesos electorales y en voto exterior, exdiplomáticos y especialistas en análisis de datos.
Su misión es vigilar, analizar y preparar medidas legales y políticas frente a la aplicación de la Ley de Nietos. Entre las líneas que estudia este equipo figuran posibles acciones judiciales, la supervisión de los expedientes que se van tramitando y la creación de equipos de voluntarios en las zonas donde, según la Comunidad, el Gobierno está acelerando procesos e incrementando personal: Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Reino Unido. El grupo también examina los contratos de externalización, como el realizado con Tragsatec para la gestión de expedientes de nacionalización.
La decisión de Ayuso se produce apenas 24 horas después de que el Tribunal Supremo suspendiera la inscripción en el CERA de los nuevos nacionalizados por la Ley de Nietos. El Alto Tribunal advirtió de que el incremento extraordinario del número de electores podría comprometer la objetividad y transparencia del proceso electoral, y ordenó la elaboración de una instrucción dirigida a las oficinas consulares. Es en ese documento donde la Comunidad de Madrid quiere que se fijen los criterios que defiende.
