El Constitucional avala amnistiar la malversación del procés y allana el regreso de Puigdemont
El Pleno del Tribunal Constitucional, con siete votos a favor y cinco en contra, estima el recurso de Dolors Bassa y ordena al Supremo amnistiar la malversación, lo que abre la puerta al retorno de Carles Puigdemont tras nueve años huido.
Por Iván Serrano
El Pleno del Tribunal Constitucional ha aprobado este martes, por siete votos a cinco, la sentencia que estima el recurso de amparo de la ex consejera de ERC Dolors Bassa y avala aplicarle la amnistía por el delito de malversación vinculado al procés. La decisión enmienda el criterio del Tribunal Supremo, que se había negado a perdonar ese delito, y abre la puerta al regreso a España del ex presidente Carles Puigdemont.
La sentencia parte de la ponencia redactada por el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, del sector progresista afín al Gobierno de Pedro Sánchez. El texto declara nulas las resoluciones del Supremo y reclama que «se declare amnistiado el delito de malversación» con el «carácter preferente y urgente» que establece la propia ley. Según el borrador, el Supremo realizó una «interpretación extensiva, contraria al espíritu y finalidad» de la Ley de Amnistía, y sostiene que las resoluciones que no perdonaron la malversación «han incurrido en una interpretación impredecible de los preceptos aplicables».
Conde-Pumpido añade que, «al apartarse de la finalidad de la ley de amnistía», el Alto Tribunal no ha mantenido «el nexo de coherencia necesario entre la decisión adoptada, la norma que le sirve de fundamento y los fines que justifican la institución de la amnistía». El presidente de la Corte de Garantías considera que el Supremo excedió sus límites al «expulsar» del ámbito de la ley «supuestos de malversación que están comprendidos en su tenor literal y que son idóneos para realizar su fin último de pacificación del conflicto social e institucional generado por el proceso secesionista en Cataluña». De ahí concluye que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de Bassa.
El Pleno tenía también sobre la mesa el recurso del ex consejero Jordi Turull, secretario general de Junts. Su ponencia correspondía al magistrado José María Macías, del bloque contrario a la Ley de Amnistía, que en su primera versión proponía desestimar el recurso «al no apreciarse» que las resoluciones del Supremo «incurriesen en arbitrariedad, irrazonabilidad manifiesta ni error patente». Sin embargo, el pasado 22 de septiembre asumió que su texto no contaba con el respaldo de la mayoría de Pumpido.
El origen de la controversia se remonta al proceso que desembocó en el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el propio Constitucional. El Supremo excluyó la malversación de la amnistía al apreciar dos motivos de excepción: un enriquecimiento personal de carácter patrimonial y la afectación a los intereses financieros de la Unión Europea. Este segundo argumento perdió fuerza el pasado julio, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló la amnistía y estableció que «no puede apreciarse que los intereses financieros» comunitarios «se vean afectados por el mero hecho de la disminución de la renta nacional básica». No obstante, el TJUE no se pronunció sobre el otro supuesto apreciado por el Supremo: el beneficio personal de los dirigentes independentistas. La Fiscalía y la Abogacía del Estado también se han mostrado partidarias de perdonar la malversación.
La sentencia tiene consecuencias que trascienden el caso de Bassa. El Supremo tiene previsto agilizar su decisión sobre aplicar la amnistía a Puigdemont, tras nueve años huido de la justicia. Fuentes del alto tribunal han precisado que la amnistía se aplicará al ex presidente de la Generalitat si la doctrina del Constitucional puede extenderse a todos los recurrentes. En ese caso, el magistrado instructor del procés, Pablo Llarena, aplicaría la medida de gracia a Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, procesados y aún sin juzgar por haber huido en 2017. La Sala de lo Penal tendrá que pronunciarse sobre los condenados: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva.
Nueve años después de aquel 1 de octubre, el calendario judicial y el político han vuelto a cruzarse en la misma semana. Un día, unas elecciones adelantadas; al siguiente, una sentencia que puede reescribir el mapa del independentismo. El regreso de Puigdemont, durante casi una década una incógnita sin fecha, ya no queda al albur de las mayorías parlamentarias. Ahora depende de que unas pocas líneas de doctrina constitucional sean lo bastante amplias como para que quepan en ellas todos los nombres del procés.
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