El Constitucional decide si admite el recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión del voto a los nacionalizados por la ley de nietos
El Pleno del Tribunal Constitucional estudia este martes la admisión a trámite del recurso de amparo del Defensor del Pueblo contra el auto del Supremo que suspende cautelarmente el derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos, a menos que acrediten documentalmente su condición de descendientes de exiliados. Un informe de los letrados considera prematura la admisión. La decisión coincide con el inicio del plazo para presentar candidaturas a las elecciones del 29 de noviembre.
Por Marcos Esteban
El Pleno del Tribunal Constitucional decide este martes si admite a trámite el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo contra la resolución del Tribunal Supremo que suspendió cautelarmente el derecho al voto de los nacionalizados al amparo de la conocida como ley de nietos. La decisión llega a menos de seis semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre y condiciona la participación electoral de miles de personas que obtuvieron la nacionalidad española por la vía de la Ley de Memoria Democrática.
Al recurso del Defensor del Pueblo se ha sumado un ciudadano particular afectado por la suspensión cautelar. Sin embargo, un informe de los letrados del propio Tribunal Constitucional considera «prematuro» que el alto tribunal admita el recurso de amparo. Ese criterio técnico será determinante para que el Pleno resuelva sobre la admisión, que se produce mientras el Supremo mantiene abierto un plazo de 24 horas, que expira a las 15:00 horas de este martes, para que las partes personadas presenten alegaciones a la decisión de la Junta Electoral Central.
Las partes emplazadas a formular alegaciones son la Abogacía General del Estado, la Fiscalía y los partidos políticos Vox e Iustitia Europa. El origen del conflicto está en el auto del Supremo que exige a los nacionalizados por la ley de nietos demostrar documentalmente que descienden de exiliados para poder ejercer el derecho al voto el 29 de noviembre. Según los datos de la Abogacía del Estado, un total de 163.020 nacionalizados en virtud de esa norma han sido incorporados al censo electoral.
La gestión de esos datos se ha convertido en un desafío administrativo. Exteriores ha habilitado una plataforma diplomática específica para volcar a la Oficina del Censo Electoral la información de quienes fueron nacionalizados antes de 2025, cuando comenzó a funcionar el DICIREG. Desde entonces se han inscrito unas 70.000 personas, cuya información ya está a disposición de la Oficina del Censo. El ministro José Manuel Albares ha explicado que se trata de un proceso que hay que hacer a mano, cotejando la documentación presentada por los solicitantes para optar a la nacionalidad en virtud de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática.
Un total de 48 oficinas consulares repartidas por todo el mundo han completado ya total o parcialmente este proceso, pero Exteriores ha reconocido que será «muy difícil» que los consulados puedan hacer las comprobaciones a tiempo. El caso del cónsul en Rosario (Argentina) ilustra el esfuerzo: organizó a todo su equipo para trabajar incluso el pasado fin de semana, hasta el punto de que algunos empleados durmieron en su puesto de trabajo, para procesar 50.000 nacionalizaciones y completar el procedimiento.
En paralelo, la Junta Electoral Central acordó enviar la documentación electoral a todos los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, advirtiendo de que no todos podrán ejercer el derecho al voto. El objetivo declarado es que el material llegue a todos los que no estén afectados por el auto del Supremo. La decisión del Constitucional coincide además con la apertura del plazo para presentar candidaturas al Congreso y al Senado ante las juntas electorales provinciales, que se cierra el próximo lunes 26 de octubre. Los partidos apurarán el plazo para presentar listas completas y desvelar el orden de sus papeletas.
Mientras tanto, las negociaciones entre formaciones continúan. Los socialistas siguen dialogando con el Frente Amplio sobre la composición de las listas al Senado tras el pacto para concurrir en coalición bajo el nombre de «Senado de Progreso», aunque ya han avanzado que encabezarán todas las listas conjuntas. Por su parte, el PP y Vox han confirmado que mantienen conversaciones para buscar una fórmula que impida que la Cámara Alta acabe controlada por la izquierda.
7
