El Govern de Illa inicia el curso político con la huelga de profesores, la financiación y la amnistía en el horizonte
El Ejecutivo catalán arranca su tercer curso político con el conflicto docente abierto y una huelga convocada para el primer día de clase. La agenda incluye la reforma de la financiación autonómica, la deliberación del Tribunal Constitucional sobre la amnistía y la ley contra la compra especulativa de vivienda.
Por Elena Lozano
El Govern de Salvador Illa inicia este martes su tercer curso político con varias carpetas abiertas sobre la mesa. La más urgente es el conflicto con los profesores, que mantiene convocada una huelga para el 8 de septiembre, coincidiendo con el primer día de clase. El sindicato mayoritario de docentes, Ustec, ya ha avanzado que no cree que la protesta pueda desconvocarse, pese a los meses de movilizaciones y negociaciones con la Conselleria de Educación.
La titular del departamento, Esther Niubó, intentará tender puentes con el anuncio de más aulas de acogida y la incorporación de técnicos sanitarios en los centros educativos. Los sindicatos, sin embargo, consideran que estas medidas no serán suficientes para resolver la crisis, a la que en los últimos meses se ha sumado la polémica por los resultados de las pruebas PISA. La primera semana del curso político estará marcada por la reunión de toda la ejecutiva de Illa este viernes y sábado en el Monasterio de les Avellanes, en Os de Balaguer, donde el Govern espera trazar la estrategia para los próximos meses.
Fuera del ámbito autonómico, la agenda política viene condicionada por la aplicación de la Ley de Amnistía. El Tribunal Constitucional comenzará el 22 de septiembre las deliberaciones sobre la norma, después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Será el recurso de amparo presentado por Jordi Turull el que abra el análisis del tribunal, más de dos años después de la aprobación de la ley en el Congreso. Un posible retorno del líder de Junts, Carles Puigdemont, podría sacudir el escenario político catalán.
Más inmediato será el abordaje de la reforma de la financiación autonómica. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se reunirá el 4 de septiembre para debatir y votar la propuesta pactada entre el PSOE y ERC. El Ministerio de Hacienda aplazó la reunión, prevista inicialmente para julio, después de que las comunidades del PP pidieran más tiempo para estudiar el texto. La mayoría de autonomías, con la excepción de Canarias, se han opuesto a un modelo que consideran negociado únicamente entre Hacienda y los republicanos. Al rechazo de las regiones populares se suman también algunas gobernadas por los socialistas.
La incógnita será hasta dónde llegan socialistas y republicanos en el traspaso del IRPF, una de las condiciones iniciales de ERC para apoyar los Presupuestos y que quedó relegada en la negociación de las cuentas. El Govern también tiene pendiente la ley contra la compra especulativa de vivienda, que quiere sacar adelante junto a los Comuns, su otro socio de Ejecutivo. El Consell de Garanties Estatutàries ya advirtió de que limitar este tipo de compra vulnera la propiedad privada, aunque su dictamen no es vinculante. Los Comuns confían en que la norma se apruebe en el Parlament en otoño, mientras el Govern admite que hay que buscar todas las medidas legales posibles tras el revés del órgano consultivo.
El PP catalán ya ha advertido de que, si la ley se aprueba a pesar del dictamen, la llevará al Tribunal Constitucional. El Ejecutivo autonómico vuelve al trabajo consciente del nuevo ciclo electoral, que arrancará en mayo con las elecciones municipales, y de las quejas de la población por el servicio de Rodalies, el difícil acceso a la vivienda y la reciente falta de mensajes ES-Alert ante temporales como el que afectó a Tarragona este lunes, motivo de críticas de la oposición.
