El juez Pedraz da al PSOE un ultimátum de 15 días para entregar la documentación sobre sus abogados
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rechaza que la consulta del PSOE al Consejo General de la Abogacía pueda paralizar su requerimiento y le concede un plazo máximo de 15 días para entregar la documentación sobre sus contrataciones de abogados o identificar qué documentos considera amparados por el secreto profesional.
Por Iván Serrano
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha concedido al PSOE un plazo máximo de 15 días para que entregue la documentación sobre sus contrataciones de abogados o, en su defecto, identifique uno a uno los documentos que considere amparados por el secreto profesional. En una providencia firmada este viernes, el magistrado rechaza que la consulta planteada por el partido al Consejo General de la Abogacía Española pueda frenar su requerimiento.
La resolución responde al escrito con el que la representación socialista trató de explicar el retraso en atender las resoluciones de 6 y 21 de octubre. El instructor no ha dejado margen a la interpretación: la consulta del partido de Pedro Sánchez ante la corporación de los abogados «carece de todo efecto suspensivo respecto del requerimiento acordado por este órgano judicial». A su juicio, «ninguna disposición legal atribuye a dicha iniciativa unilateral la virtualidad de paralizar una diligencia de investigación judicial» ni la de «diferir el cumplimiento de una resolución jurisdiccional firme».
Pedraz ha cerrado ese camino con una advertencia expresa: el destinatario del requerimiento «no puede sustraerse a su cumplimiento mediante la promoción de actuaciones extraprocesales de naturaleza corporativa». El juez recuerda que el debate que el PSOE pretende abrir ya estaba zanjado, puesto que su providencia de 6 de octubre excluyó expresamente la información que pudiera quedar afectada por el secreto profesional en los términos del Estatuto General de la Abogacía Española. Esa cuestión, por tanto, «ya fue objeto de ponderación por este instructor», sin que proceda «reabrir artificialmente un debate previamente resuelto en sede jurisdiccional».
El principal reproche del magistrado se dirige a la vaguedad de la respuesta socialista. La contestación del partido, señala, «no identifica documentos concretos ni extremos determinados» en los que concurra una afectación real del secreto profesional. En su lugar, el PSOE ha sostenido «una invocación genérica e indiscriminada respecto de la totalidad de la documentación requerida», un planteamiento que el juez considera incompatible con la jurisprudencia constitucional y ordinaria. Esa doctrina exige «una justificación específica, individualizada y verificable de la concreta lesión que pudiera producir la entrega de determinada información».
El instructor delimita también la frontera de lo protegido. El límite está en «la penetración innecesaria en el contenido material de la relación abogado-cliente», que incluye comunicaciones confidenciales, estrategia de defensa, consejo jurídico o datos de otros clientes ajenos a la investigación. Más allá del secreto profesional, la providencia reivindica la dirección de la instrucción: «Corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional dirigir la investigación y determinar el alcance de las diligencias acordadas», subraya el juez, que no admite que el requerido condicione su cumplimiento «a la previa conformidad de una corporación profesional» ni a su propia valoración sobre la «relevancia, proporcionalidad o procedencia de la medida acordada».
El magistrado despacha igualmente las excusas de orden práctico. La dispersión territorial de los documentos, su falta de centralización o las cargas de la actividad política son «circunstancias internas exclusivamente imputables al propio requerido». Ninguna de ellas, concluye, puede «prevalecer frente al deber constitucional de colaborar con la Administración de Justicia». Sobre la prórroga solicitada, advierte de que vincularla a la respuesta de la Abogacía, sin «certeza alguna acerca de cuándo habrá de producirse ni sobre su contenido», supondría someter la investigación a «un procedimiento ajeno a la causa y promovido unilateralmente por uno de los afectados». Aun así, el juez amplía el margen temporal: concede ahora quince días, «dada la dispersión alegada», pero «sin más demora y sin supeditar el cumplimiento a actuaciones extraprocesales de su exclusiva iniciativa».
El requerimiento hunde sus raíces en una petición formulada a comienzos de mes. El juez reclama a los servicios jurídicos socialistas la relación completa de letrados, despachos de abogacía o consultoría contratados entre 2021 y 2025, extendiendo la petición a los órganos centrales y territoriales del partido. Esas diligencias se siguen por un presunto delito de tráfico de influencias en el marco del conocido como «caso cloacas», en el que se investiga una presunta trama para desbaratar actuaciones policiales y judiciales contra el PSOE y el Gobierno. La UCO de la Guardia Civil ha reflejado en un informe sus sospechas sobre dos notas de encargo profesional que, según los investigadores, se habrían firmado de forma instrumental para simular una relación profesional y permitir pagos del partido a dos abogados. En quince días se comprobará si la estrategia del partido cambia de rumbo.
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