El PP bloquea la acogida de menores en Ceuta mientras exige elecciones
La crisis migratoria en Ceuta sigue sin resolverse por la falta de cooperación entre administraciones. El PP de Feijóo y Vox se suman a una protesta que reclama elecciones generales y cuestiona la gestión del Gobierno.
Por Elena Lozano
La crisis migratoria en Ceuta continúa sin una solución legal para los miles de menores y adultos que, mes y medio después de la entrada masiva, siguen viviendo en las calles y playas de la ciudad autónoma. La falta de cooperación entre el Gobierno central y el ejecutivo local, presidido por Juan Jesús Vivas (PP), ha derivado en un bloqueo institucional que impide dar respuesta a una situación humanitaria que afecta a cerca de un millar de menores sin protección.
El PP de Alberto Núñez Feijóo ha confirmado que secundará junto a Vox la concentración convocada para este sábado por la asociación Sociedad Civil Española, liderada por figuras como Marcos de Quinto o Mayor Oreja, bajo el lema «en defensa de la integridad territorial de España y contra la invasión de las ciudades españolas». La protesta, que incluye también una defensa de jueces, fiscales, Fuerzas Armadas, Policía, Guardia Civil y «todos los funcionarios públicos y medios de comunicación que cumplen con su obligación», tiene como objetivo explícito reclamar la convocatoria de elecciones generales antes del 15 de noviembre. Para el Gobierno, esta movilización demuestra que lo que realmente importa al PP no es Ceuta ni los menores, sino tumbar a Sánchez.
La estrategia de confrontación del PP se ha materializado en múltiples frentes. El ejecutivo de Vivas ha vetado el uso de instalaciones municipales como centros de acogida de urgencia, incluyendo el polideportivo Díaz-Flor, el Guillermo Molina, el antiguo Hospital Militar, el Acuartelamiento Coronel Fiscer y la antigua Fábrica de Harinas. A finales de agosto, Vivas rechazó de plano ceder cualquier instalación deportiva: «Tendrán que sacarme de ellos», declaró, acusando al Gobierno central de falta de lealtad por incluir estas opciones en los borradores de trabajo. La Ciudad Autónoma también exigió que cualquier dispositivo se ubicara estrictamente fuera de la trama residencial, desplazando el perímetro fronterizo o el Tarajal para no asumir impacto operativo en el día a día de la ciudad.
Estas exigencias derivaron en manifestaciones vecinales contra el uso de pabellones en barriadas. Para evitar una fractura social mayor y descomprimir la tensión alimentada por el gobierno local, el mando único estatal que encabeza el ministro Ángel Víctor Torres transigió con la retirada de los polideportivos del catálogo de espacios de acogida, modificando el Real Decreto que los establecía. El resultado es un bloqueo que deja a los menores en una situación de desprotección mientras las administraciones se enfrentan públicamente.
El Gobierno de Sánchez ha reconocido errores en la gestión de los dos últimos días de julio y buena parte de agosto, pero ninguna explicación puede justificar la falta de cooperación para dar una solución legal a los miles de marroquíes, menores y mayores, que siguen a la intemperie. La inmigración, los retornos, el asilo, la protección de los menores y la cooperación con Marruecos están sometidos a leyes y acuerdos internacionales, y requieren un trabajo conjunto entre administraciones que hoy es inexistente.
Feijóo no ha detallado cómo resolvería un hipotético gobierno de PP-Vox la crisis: si con la ley o con la fuerza. Tampoco ha aclarado si las comunidades autónomas gobernadas por la derecha abandonarían su actual resistencia a acoger a los 3.000 menores, ni si el gobierno de Vivas recuperaría la lealtad y cooperación perdidas. Mientras tanto, la ciudad autónoma sigue siendo rehén de una batalla política que antepone los intereses partidistas a los derechos humanos.
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