El PSOE defiende que no todos sus cargos son iguales tras la dimisión de Puente
Mientras el partido reclama distinguir entre responsables, una doceena de altos cargos imputados o cuestionados siguen en sus puestos a pocas semanas de las elecciones del 29-N.
Por Marcos Esteban
El PSOE ha reivindicado el argumento de que «no todos somos iguales» tras la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes, después del accidente ferroviario de Urda, que causó 69 muertos. La formación sostiene que su respuesta no puede compararse con la de otros dirigentes públicos. Un repaso a los casos de los últimos meses muestra, sin embargo, que numerosos responsables con cuestionamientos judiciales o políticos han permanecido en sus cargos.
La salida de Puente marca un contraste con su actitud anterior. Tras el accidente de Adamuz, que dejó 46 muertos, el ministro se negó a dimitir. Según la información disponible, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se opuso inicialmente a su salida y llegó a considerarla injusta. El cambio de postura se produce en plena campaña electoral, con el Ejecutivo en descenso en las encuestas y las elecciones del 29 de noviembre a la vista.
Entre los casos citados figura el de Ana Redondo, titular de Igualdad, que se mantiene en el cargo pese al escándalo de las pulseras antimaltrato defectuosas. Los datos que se manejan indican que los incumplimientos de órdenes de alejamiento en violencia de género aumentaron un 50 % respecto a 2020, hasta alcanzar los 23.890 en 2024. El Consejo General del Poder Judicial había advertido por escrito de fallos en el sistema.
En Interior, Fernando Grande-Marlaska continúa pese a las muertes de agentes de la Guardia Civil en Barbate, y se menciona la llegada a Ceuta de unos 80.000 migrantes como otro de los episodios que han marcado su gestión. Todos los directores de la Guardia Civil están investigados, y Mercedes González sigue en su puesto. Según la UCO, la exdirectora habría mantenido tres encuentros con Leire Díez, extremo que la afectada no ha confirmado en la información disponible.
El caso más directamente vinculado al partido es el de Ana María Fuentes, gerente del PSOE, imputada por presuntas facturas falsas por valor de 152.225 euros. Fuentes no ha dejado su cargo.
En el ámbito de las empresas públicas, Beatriz Corredor sigue al frente de Red Eléctrica pese al apagón de abril de 2025. La presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y el vicepresidente de la entidad están imputados en el caso Hirurok, mientras la agencia es objeto de escrutinio por los rescates a Air Europa, Plus Ultra y Tubos Reunidos.
Reyes Maroto, según las informaciones, habría faltado a la verdad sobre sus contactos con Víctor de Aldama, y Ángel Víctor Torres estaría supuestamente relacionado con pagos de un contrato de mascarillas. Ambos continúan en el Gobierno. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se mantuvo en el cargo hasta su condena por el Tribunal Supremo. Sánchez también mantuvo a Santos Cerdán y José Luis Ábalos tras sus imputaciones, y el caso de Cerdán sigue abierto.
El texto que recoge estas denuncias tiene un tono crítico y sus afirmaciones son discutidas por el PSOE, que rechaza la comparación entre situaciones distintas. Por otra parte, un acto del partido en Valencia registró una afluencia tan elevada que centenares de personas se quedaron fuera del recinto. La cuestión de fondo que plantea el debate es cuáles son los criterios que el Gobierno aplica para exigir responsabilidades políticas.
Fuente: elconfidencial.com
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