El Supremo rechaza la vía urgente de Ceuta para exigir la devolución de migrantes
El Tribunal Supremo deniega las medidas cautelarísimas que Ceuta pedía contra el Gobierno central por la entrada masiva de migrantes desde Marruecos los días 30 y 31 de julio.
Por Iván Serrano
El Tribunal Supremo ha denegado las medidas cautelarísimas solicitadas por la ciudad autónoma de Ceuta en un recurso que acusaba de «inactividad» al Gobierno central. La ciudad reclamaba, entre otras cosas, que el Ejecutivo ordenara la expulsión o devolución de los migrantes que llegaron desde Marruecos durante la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.
Según la información disponible, el tribunal considera que Ceuta no ha justificado una urgencia excepcional que permita saltarse el procedimiento ordinario. La ciudad acudió a la Justicia más de dos meses y medio después de los hechos, un plazo que el Supremo tiene en cuenta para descartar la vía de urgencia. La decisión impide, por ahora, que el Gobierno tenga que acelerar en un plazo de diez días las expulsiones en la ciudad, como pretendía el Ejecutivo local.
El rechazo llega en un momento en que el Gobierno de Ceuta sigue cuantificando el impacto de la crisis. En un nuevo informe remitido a la jueza María Tardón, el Ejecutivo autonómico estima la repercusión económica en 45,3 millones de euros, correspondientes a un periodo de cinco meses. Los fondos se han destinado a «necesidades extraordinarias» en servicios públicos como limpieza, gestión de residuos, recuperación medioambiental, asistencia alimentaria, protección de la salud pública, servicios funerarios, seguridad de centros educativos y actuación de los servicios de seguridad y emergencias.
La partida más voluminosa corresponde a limpieza y gestión de residuos, con 31,7 millones de euros, en atención a necesidades de salubridad y mantenimiento de los espacios públicos. Según el informe, lo más urgente ha sido la recuperación de playas y montes para evitar consecuencias medioambientales irreversibles. Las necesidades extraordinarias de sanidad y servicios sociales ascienden a 9,9 millones, mientras que el refuerzo de Policía Local, Bomberos y Parque Móvil ha supuesto 1,55 millones. Además, el Ejecutivo local destina 690.000 euros a indemnizaciones por la suspensión de la Feria y 1,48 millones a servicios e instalaciones educativas.
El informe subraya que estas necesidades «representan una presión adicional sobre los recursos presupuestarios, humanos y materiales de la ciudad». Casi tres meses después de las entradas masivas, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, denunció en una entrevista televisiva que todavía no se había recuperado la normalidad en la ciudad y cuestionó las cifras difundidas sobre las personas que permanecen en el territorio, afirmando que «cuando estaban diciendo que quedaban 2.500 personas, quedaban 30.000 personas».
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