El Tribunal de Cuentas amnistía a Puigdemont, Junqueras y 33 excargos más por los gastos del procés
El órgano fiscalizador aplica la ley de amnistía tras el aval del TJUE y absuelve a los 35 excargos de la Generalitat encausados por los gastos del 1-O y la acción exterior, devolviéndoles 4,1 millones de fianza. Puigdemont y Junqueras siguen pendientes del Supremo.
Por Marcos Esteban
El Tribunal de Cuentas ha amnistiado a los 35 excargos de la Generalitat encausados por los gastos vinculados al referéndum del 1-O y a la acción exterior del procés. La consejera de cuentas Elena Hernáez ha dictado una sentencia, notificada este miércoles, en la que absuelve a todos los dirigentes demandados por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana y les devuelve la fianza de 4,1 millones de euros que les había impuesto por los gastos efectuados entre 2011 y 2023.
Entre los beneficiados se encuentran los expresidents Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Toni Comín y Lluís Puig. La resolución pone fin a la resistencia que el órgano fiscalizador había mantenido a aplicar la ley de amnistía a su causa sobre el procés, pese a la claridad de la norma aprobada hace más de dos años.
El Tribunal de Cuentas había intentado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldara excluir a los independentistas de la amnistía, pero se encontró con un aval rotundo de Luxemburgo a la ley. La sentencia dedica decenas de páginas a justificar las cuestiones prejudiciales que la consejera Hernáez envió a la Justicia europea para demorar la aplicación de la norma. Aunque la resolución admite que en ningún momento del procedimiento abierto en 2021 se planteó que los gastos del procés provinieran de fondos europeos, Hernáez alega que como parte de la financiación de la Generalitat procede de transferencias de la Unión Europea era «razonable» preguntárselo cuando se aprobó la ley de amnistía, que excluía a los encausados por afectar a los intereses financieros de la UE.
Luxemburgo rechazó, tal y como sostenía el Tribunal de Cuentas, que los intereses financieros de la Unión se vieran «afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional». Pese a la claridad de la respuesta del TJUE, la consejera Hernáez insiste en una hipótesis que nunca fue real: que los gastos del procés se financiaran con fondos europeos. «En ese hipotético caso, la afectación a los intereses financieros de la Unión Europea resultaría incuestionable», afirma la sentencia, aunque el TJUE dejó claro que este supuesto no ocurrió.
Gracias a la amnistía, Puigdemont, Mas y el resto de encausados se ahorran una sentencia que podría condenarles a devolver 5,3 millones de euros. La consecuencia de la sentencia europea era clara, pero el Tribunal de Cuentas ha demorado casi tres meses la aplicación de la norma. En julio, la consejera Hernáez abrió un plazo de diez días de alegaciones para que las partes pudieran pronunciarse sobre el origen de los fondos empleados para organizar el 1-O. Tanto la Generalitat como los encausados solicitaron aplicar la norma sin más dilaciones, pero en septiembre el ente abrió otro plazo antes de, por fin, archivar la causa, algo que la Fiscalía tildó de «innecesario e improcedente».
Las altas instancias judiciales, empezando por el Tribunal Supremo, son las que más oposición han mostrado a la norma, en contraste con su normal aplicación ya en 2024 por parte de la mayoría de jueces y tribunales catalanes. Tras el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional en el caso de los CDR y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en la causa por los preparativos del referéndum también han aplicado la amnistía.
Solventada la causa del Tribunal de Cuentas, Puigdemont y Junqueras todavía esperan la amnistía en el caso procés abierto desde 2017 en el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal optó directamente por negar la amnistía a los dos principales candidatos de la misma, pero en los próximos días tendrá que aplicarla después de que el Constitucional le obligara a rectificar.
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