El voto que incomoda a las élites: una reflexión sobre el descontento en Europa
El crecimiento de partidos como AfD o Vox en Europa refleja un malestar ciudadano que las élites políticas no logran comprender. El artículo analiza las causas de este fenómeno, desde la presión fiscal hasta la gestión migratoria, y cuestiona si el problema reside en los votantes o en quienes han gobernado durante décadas.
Por Marcos Esteban
El crecimiento de partidos considerados durante años políticamente intocables ha desatado en Europa un debate recurrente: cómo impedir que lleguen al poder. Lo ocurrido en Alemania con AfD, en España con Vox o los disturbios vinculados al debate migratorio en Reino Unido comparten un denominador común: el desconcierto de unas élites políticas que no aciertan a explicar por qué una parte creciente de la ciudadanía busca alternativas. En lugar de preguntarse cómo frenar a esos partidos, quizá convendría entender qué lleva a millones de europeos a votar por ellos.
Reducir el fenómeno a la extrema derecha, al populismo o a la manipulación electoral resulta cómodo, pero difícilmente explica lo que sucede. Cuando un ciudadano cambia su voto, algo está pasando. Europa ha construido un modelo de Estado del bienestar extraordinariamente desarrollado, basado en una fuerte presencia del Estado, una elevada presión fiscal y una amplia red de servicios públicos. Ese modelo ha generado avances indudables, pero ningún sistema es intocable, especialmente cuando quienes lo financian perciben que el contrato social se ha roto.
La clase media y trabajadora paga impuestos, cotiza, trabaja, emprende y sostiene la maquinaria del Estado. Sin embargo, cada vez son más los ciudadanos que sienten que su esfuerzo no se traduce en mejores oportunidades ni en mayor seguridad económica. El agravio no nace solo de cuánto se paga, sino de la relación entre lo que se aporta y lo que se recibe. Cuando trabajar más horas no basta para llegar a fin de mes, cuando la vivienda se vuelve inaccesible o cuando los servicios públicos no responden, aparecen preguntas legítimas que no desaparecen por el hecho de que las formule un partido que no gusta.
Existe la tentación de atribuir el crecimiento de estos partidos a la radicalización de la sociedad. Es una explicación tranquilizadora: si el problema son ciudadanos extremistas, basta con combatirlos políticamente; si es la desinformación, basta con combatirla; si es el populismo, basta con un cordón sanitario. Pero quizá sea necesario invertir la pregunta. ¿Y si ese crecimiento es también consecuencia de errores cometidos por quienes han gobernado durante décadas? ¿Y si millones de ciudadanos no buscan una revolución política, sino una respuesta a problemas cotidianos que los partidos tradicionales no resuelven?
La inmigración es un buen ejemplo. Durante años, cualquier preocupación sobre sus niveles, la integración, la seguridad o la presión sobre los servicios públicos ha sido encuadrada en categorías morales como xenofobia o racismo. Una democracia adulta debería poder mantener una conversación más sencilla: defender la inmigración y exigir que sea ordenada, legal y compatible con la capacidad de integración; defender la solidaridad y exigir que quien recibe una prestación cumpla los requisitos; rechazar el racismo sin negar que existan problemas derivados de una mala gestión migratoria. Convertir estas cuestiones en dilemas morales impide debatirlas.
El Estado del bienestar no se financia solo. Lo financian personas que trabajan, empresas que generan actividad y ciudadanos que pagan impuestos. Defenderlo debería implicar defender las condiciones que permiten financiarlo. No se pueden construir indefinidamente nuevas prestaciones sin preguntarse quién las pagará, ni tratar al contribuyente como una fuente ilimitada de ingresos. Llega un punto en que incrementar la presión fiscal afecta a los incentivos para trabajar, invertir o contratar. El objetivo debería ser un sistema que proteja a quien lo necesita sin desincentivar a quien lo sostiene, porque solidaridad y esfuerzo no deberían ser conceptos enfrentados.
Durante demasiado tiempo se han confundido las buenas intenciones con las buenas políticas. Gobernar no consiste en tener buenas intenciones, sino en conseguir resultados. Un Estado no puede evaluar sus políticas únicamente por la generosidad de sus propósitos, sino por sus efectos reales sobre la vida de los ciudadanos. Mientras las élites sigan viendo el descontento como un problema de los votantes y no como una señal de alarma sobre sus propias decisiones, el malestar seguirá encontrando cauces que preferirían evitar.
