Iustitia Europa tacha de «Estado mafioso» el plan para intimidar a la jueza Biedma
La formación Iustitia Europa considera propio de un «Estado mafioso» el plan atribuido al entorno del PSOE para amedrentar a la jueza Beatriz Biedma, instructora de la causa contra David Sánchez, y exige depurar todas las responsabilidades.
Por Elena Lozano
La formación política Iustitia Europa ha calificado de propio de un «Estado mafioso» el plan atribuido al entorno del PSOE para intimidar a la jueza Beatriz Biedma, instructora de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Su presidente, Luis María Pardo, ha reclamado que «se depuren todas las responsabilidades» derivadas de este episodio, en declaraciones en las que ha vinculado los hechos con una ofensiva más amplia contra quienes investigan la corrupción.
Pardo se ha referido así a las informaciones que apuntan a que la trama vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez habría contactado con narcotraficantes de Badajoz para boicotear la labor de la magistrada. «Esto es un Estado mafioso, no se puede permitir», ha afirmado el abogado, que ha recordado que Biedma solicitó el pasado 16 de septiembre personarse como perjudicada en el caso Leire. La incorporación al sumario está pendiente del informe de la Fiscalía y de lo que decida después el instructor Santiago Pedraz.
El responsable de Iustitia Europa sitúa el origen de la supuesta operación contra la jueza en los días posteriores a la carta con la que Pedro Sánchez anunció, en abril de 2024, que se tomaba cinco días para reflexionar sobre su continuidad tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez. Según Pardo, «todo indica» que la operación contra Biedma se gestó «en esa famosa reunión de Ferraz», a la que presuntamente acudieron el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y otros miembros del partido y del Gobierno.
El presidente de la formación ha señalado que «se te ponen los pelos de punta» y resulta una «vergüenza» pensar lo que le podría haber sucedido a Biedma por admitir la denuncia contra David Sánchez. Tras la investigación y el juicio, este familiar del jefe del Ejecutivo fue condenado por la Audiencia de Badajoz a nueve años de inhabilitación por cooperar en un delito de prevaricación administrativa para que se le contratase como músico en la Diputación pacense. Pardo atribuye esta condena a las acusaciones populares, porque la Fiscalía hizo «de segunda defensa» del hermano del presidente.
El letrado ha llegado a comparar la situación actual de España con la de Italia en la época de Tangentópolis y los asesinatos de los jueces Falcone y Borsellino. Además, ha destacado que Biedma ha sido una magistrada que instruyó el sumario «sin ningún apoyo». Según publicaron varios medios, en las agendas de Leire Díez figuraba una anotación de marzo de 2025 que aludía a la «jueza de Badajoz» junto a referencias a un clan de la ciudad. Pardo ha lamentado que la magistrada tuviera que soportar que la siguieran y la señalaran incluso a la puerta del colegio de sus hijas, además del «daño moral» y los miedos que le ha causado.
El responsable de Iustitia Europa enmarca este episodio en una ofensiva más amplia contra quienes investigan la corrupción. «Aquí se ha ido a por la UCO. Aquí se ha señalado a periodistas. Se ha ido a por abogados, por jueces. Y lo siguiente eran ellos», ha enumerado, antes de defender que «los jueces en este país son independientes y que también el órgano de los jueces debería serlo».
Pardo ha respondido también a la ministra portavoz, Elma Saiz, que tras el Consejo de Ministros del pasado 22 de septiembre afirmó que había que dejar que la Justicia declarase «inocente» a Begoña Gómez. Esta integrante del Gobierno hizo esta consideración un día después de que el juez Juan Carlos Peinado enviara a la esposa del presidente a juicio ante un jurado popular por malversación y tráfico de influencias. «Yo lo que le diría a la ministra es que el 95% de los casos que van al tribunal del jurado acaban en condena. ¿Por qué será?», ha ironizado el presidente de Iustitia Europa, que ha pedido al Ejecutivo «que dejen trabajar a los jueces; que les dejen en paz, que dejen de intentar colonizar también el Poder Judicial».
En la raíz del problema sitúa al Consejo General del Poder Judicial, que, a su juicio, «no puede seguir siendo el órgano político de las cúpulas de los partidos políticos», porque luego se ven «imágenes como la ministra o el ministro Bolaños diciendo las barbaridades que han dicho del juez Peinado o incluso del mismo Poder Judicial». Ha recordado que Peinado no fue sancionado. Ante las acusaciones de ministros sobre la supuesta politización del Tribunal Supremo, Pardo ha reclamado «más respeto» hacia el Alto Tribunal y ha puesto como ejemplo la causa contra Ábalos, juzgado y condenado en dos años. Ha insistido en que, si la política decide quién ocupa los órganos judiciales, «al final van a depender siempre del que les nombró o del que les puso».
6
