La Comunidad de Madrid denuncia en vía penal al exdelegado del Gobierno por no desalojar Sol
El Gobierno regional acusa a Francisco Martín de prevaricación administrativa y de omisión del deber de perseguir delitos por no haber desalojado la acampada de la Puerta del Sol.
Por Marcos Esteban
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado una denuncia por la vía penal ante el Tribunal de Instancia de Madrid contra el anterior delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, por no haber intervenido para desalojar la acampada instalada en la Puerta del Sol. El Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso le atribuye un presunto delito de prevaricación administrativa y otro de omisión del deber de perseguir delitos, que según sostiene se estarían cometiendo de forma continuada en la plaza.
El anuncio lo ha realizado el portavoz del Gobierno regional y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este viernes. Según explicó, la denuncia recoge una relación de supuestos hechos delictivos que la Comunidad considera que no se han perseguido en el asentamiento. Entre ellos cita agresiones sexuales y físicas, atentados contra el patrimonio, tenencia ilegal de armas, delitos de odio, amenazas e injurias contra la presidenta madrileña. Las acusaciones deberán ser ahora examinadas por la instancia judicial correspondiente.
La iniciativa penal llega después de más de un mes de permanencia de la acampada en el centro de Madrid. El asentamiento comenzó el pasado 26 de septiembre, tras una movilización del Sindicato de Inquilinas en protesta por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en su casa. Aunque el sindicato dejó de acampar el 2 de octubre, las tiendas y estructuras instaladas en la plaza han seguido allí desde entonces.
El Gobierno regional ha reclamado desde el inicio el desalojo de la plaza y ha reprochado a la Delegación del Gobierno que no actuara para poner fin a la ocupación. García Martín insistió en que la situación perjudica a los comerciantes del entorno y recordó las iniciativas ya emprendidas por el Ejecutivo autonómico: un contencioso-administrativo para reclamar a la Delegación que levantara el asentamiento y una denuncia ante la Fiscalía por posibles delitos de odio, injurias y daños contra el patrimonio, que dio lugar a la apertura de diligencias.
Preguntada por la denuncia, la Delegación del Gobierno señaló que desconoce su contenido y que no puede, por tanto, hacer valoraciones al respecto. Subrayó, en cualquier caso, que todas las decisiones adoptadas desde el inicio de la acampada se han tomado con pleno respeto a la legalidad vigente, en particular a los derechos fundamentales, con rigor y responsabilidad.
La denuncia se conoce, además, después de que el propio Francisco Martín, antes de dejar el cargo, enviara una carta a los acampados en la que les animaba a abandonar la plaza al considerar que había transcurrido ya un tiempo razonable. Preguntado por esa comunicación, García Martín respondió que la petición de desalojo debería haberse producido «mucho antes». Según otra información publicada el mismo día, Martín presentó su dimisión tras quedar fuera de las listas del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre, y el Consejo de Ministros aprobó su cese y designó como sucesora a la hasta entonces subdelegada, Pilar Trinidad.
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