La jueza Tardón da tres días a la Policía para entregar las alertas sobre la avalancha de Ceuta
La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón concede un plazo improrrogable de tres días hábiles al Centro Nacional de Comunicaciones de la Policía Nacional para remitir todas las alertas, informes y correos internos generados entre el 20 de julio y el 7 de agosto de 2026 sobre el riesgo de entrada masiva en Ceuta.
Por Marcos Esteban
La jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, ha concedido a la Policía Nacional un plazo «improrrogable» de tres días hábiles para entregar todas las alertas, informes y avisos internos que se generaron sobre el peligro de una entrada masiva de personas en Ceuta, un riesgo que acabó materializándose los pasados 30 y 31 de julio. La instructora reclama esta documentación al Centro Nacional de Comunicaciones de la Dirección Adjunta Operativa del cuerpo policial, según la providencia a la que ha tenido acceso Servimedia.
La magistrada exige que la entrega se realice «a la mayor urgencia» y, en todo caso, dentro de un plazo cerrado de tres días hábiles. Contra esta resolución cabe recurso de reforma en el mismo plazo. La orden judicial abarca «todas las alertas, informes, comunicados, órdenes de servicio, correos electrónicos y documentación operativa relacionada con el riesgo de entrada masiva emitida entre los días 20 de julio y 7 de agosto de 2026», un periodo que comprende los diez días anteriores a la avalancha y la semana posterior a los hechos.
Además de los documentos, Tardón requiere a la Policía que identifique «los destinatarios de las alertas, la fecha y hora de recepción y las medidas adoptadas en respuesta a las mismas». Es decir, quién recibió cada aviso, en qué momento lo hizo y qué actuación se desplegó a partir de esa información. Este requerimiento llega después de que la instructora dictara un auto el pasado 16 de septiembre en el que extendía la misma petición de datos a otras unidades policiales, a varios servicios de la Guardia Civil, a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma y al Ministerio del Interior. Ahora lo reitera únicamente al centro de comunicaciones policial, con carácter urgente y con un plazo perentorio.
En aquel auto de septiembre, la jueza consideraba esta diligencia de «particular relevancia», porque su finalidad es «reconstruir el flujo de información previo a los hechos y determinar las actuaciones desarrolladas en respuesta al riesgo detectado». La petición había sido formulada por la Fiscalía y la magistrada la asumió en su integridad. La causa indaga la entrada irregular desde Marruecos de miles de personas, en una movilización que el propio auto cifraba «de entre 75.000 y 85.000 personas». La resolución también resaltaba «la existencia de ochenta y tres fallecidos asociados a los hechos».
La instructora considera clave conocer «la información de que se disponía antes de los acontecimientos, las previsiones existentes» y las circunstancias que determinaron «el colapso operativo descrito en las actuaciones». Por ese motivo calificó de testigos «prioritarios» al jefe del Ejecutivo ceutí, Juan Jesús Vivas, al responsable de la Policía Local en aquellos días y a quien entonces dirigía el Gabinete del delegado del Gobierno. Aquella resolución pedía asimismo avisos y estudios de riesgo a otras unidades de información y fronteras. Al director del CETI, el centro que acoge temporalmente a inmigrantes en la ciudad, le reclamaba los mensajes que hubiera enviado o recibido sobre la entrada masiva y quiénes fueron sus destinatarios.
Antes, el 11 de septiembre, Tardón había remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta su auto de asunción de competencia para que valorase inhibirse en favor de la Audiencia Nacional en el procedimiento que tramita por una denuncia contra el delegado del Gobierno. Con ese movimiento, la magistrada busca concentrar en una sola causa toda la investigación sobre la avalancha. La causa sigue avanzando mientras la Audiencia Nacional trata de reconstruir quién sabía qué y cuándo, un eje central para depurar responsabilidades en la gestión de una crisis migratoria que dejó decenas de muertos y miles de entradas irregulares.
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