Madrid pide al Tribunal de Cuentas archivar la investigación sobre el ático de 6,3 millones
El Gobierno de Ayuso presenta alegaciones y solicita el archivo de las denuncias de PSOE y Más Madrid, defendiendo que la compra del ático en Chamberí se ajusta a la legalidad y no supone deterioro económico.
Por Elena Lozano
La Comunidad de Madrid ha solicitado formalmente al Tribunal de Cuentas que archive las denuncias presentadas por PSOE y Más Madrid y que no abra una investigación sobre la adquisición de un ático de lujo en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. El Ejecutivo regional ha presentado sus alegaciones ante el órgano fiscalizador y sostiene que la operación «se ajusta plenamente a la legalidad» y a los estatutos y competencias de Planifica Madrid, la empresa pública que compró la vivienda.
Fuentes del Gobierno autonómico subrayan que la compra «no supone un deterioro económico» para las arcas públicas. El Tribunal de Cuentas había solicitado a la Fiscalía, a la Comunidad de Madrid y a Planifica Madrid que se pronunciaran sobre la conveniencia de nombrar a un instructor para estudiar si hubo desvío de fondos públicos en la adquisición del inmueble. Este sigue en manos del Ejecutivo regional después de que fracasara la operación puesta en marcha para venderlo en julio, justo un día después de que se conociera la compra a través de la prensa.
Según las fuentes consultadas, Planifica Madrid «adquirió el inmueble dentro del objeto social de la empresa pública, cuya finalidad es adquirir y gestionar parte del patrimonio inmobiliario de la Comunidad de Madrid y ponerlo al servicio de las necesidades de la Administración regional». En sus alegaciones, los servicios jurídicos afirman que el inmueble «se adquirió por un precio que se correspondía con el valor de mercado tasado en el momento de la compra».
El escrito presentado se acoge a la última versión ofrecida por el Ejecutivo de Ayuso, consistente en que el ático se compró para «alojar a las propias autoridades de la Comunidad». Así, sostienen que el inmueble «se adquirió como espacio de apoyo a las consejerías para atender distintas necesidades institucionales, lo cual se concretó en el contrato de arrendamiento suscrito con posterioridad a la adquisición». Y subrayan que «en ningún caso, el inmueble se adquirió como vivienda oficial para la presidenta».
El documento también afirma que el consejero delegado de Planifica Madrid «es la persona facultada expresamente para realizar la compraventa de inmuebles en la empresa». Y resalta que «la operación tenía como finalidad incorporar un activo patrimonial a Planifica Madrid, conservando el valor de la inversión y permitiendo atender distintas necesidades institucionales de la Comunidad de Madrid».
La solicitud de archivo se produce en un contexto de escrutinio sobre las decisiones patrimoniales del Gobierno regional. El Tribunal de Cuentas deberá ahora decidir si admite las alegaciones o si, por el contrario, considera necesario nombrar un instructor para esclarecer si hubo desvío de fondos públicos. La oposición, que presentó las denuncias, mantiene sus dudas sobre la legalidad de la operación y sobre el uso final del inmueble.
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