María Jesús del Barco aspira a presidir el TSJM, tribunal clave para los casos de Begoña Gómez y la pareja de Ayuso
La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura figura entre los seis candidatos a liderar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, instancia que previsiblemente revisará los casos que afectan a Begoña Gómez y a Alberto González Amador. Cuatro de los aspirantes pertenecen a la asociación conservadora.
Por Inés Benítez
María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y actual decana de los juzgados de Madrid, aspira a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la instancia por la que previsiblemente pasarán los casos de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y del empresario Alberto González Amador, vinculado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La decisión corresponde a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que deberán pronunciarse en las próximas semanas sobre quién dirige el tribunal durante el próximo lustro.
Del Barco es una de las seis candidaturas presentadas. Según las fuentes consultadas, cuatro de los aspirantes están afiliados a la principal asociación conservadora, uno pertenece a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia y una no está asociada. La presidenta de la APM ejerce desde hace años como portavoz oficiosa del sector de la judicatura contrario a diversas políticas del Gobierno y ha protagonizado declaraciones de fuerte contenido político.
En febrero de 2025, durante un acto en el Congreso de los Diputados al que acudió invitada por el Partido Popular, Del Barco afirmó que las matemáticas «nunca traen nada bueno», en referencia al acuerdo del PSOE con varios partidos para investir a Pedro Sánchez a finales de 2023. También sostuvo que en las leyes del Gobierno «hay que leer entre líneas y saber quién tienes enfrente» y aventuró que España se aproxima a «un régimen de aquellos que le gustan a algunos y está al otro lado del Atlántico», sin aclarar si se refería a Cuba o Venezuela.
Antes de esas declaraciones, y con ocasión de la ley de amnistía, lideró desde la APM la oposición a la norma. La asociación auguró «el principio del fin de la democracia» incluso antes de su aprobación y sostuvo que la medida rompe las reglas de la Constitución de 1978 y «vuela por los aires el Estado de Derecho». Del Barco llegó a afirmar que, tras el «señalamiento» a jueces por parte de Junts, lo siguiente sería colocar a los magistrados «la estrella de brazalete», en alusión al distintivo que imponían los nazis a los judíos.
Junto a ella figuran otros tres miembros de la asociación conservadora. Francisco Manuel Oliver Egea formó parte de los ejecutivos de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre e Ignacio González: con la primera fue director de la Agencia Madrileña de Tutela del Adulto y con el segundo, director general de Seguridad e Interior bajo el mando del entonces consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria. José Manuel Suárez-Robledano fue elegido consejero del Tribunal de Cuentas en junio de 2012 por el Congreso a propuesta del PP y, en el ejercicio de ese cargo, votó a favor de librar a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete altos cargos de su gobierno de pagar 25,7 millones de euros de su bolsillo por la venta de 1.860 viviendas públicas protegidas a un fondo buitre por debajo del precio de mercado. Al igual que Del Barco, Suárez-Robledano fue portavoz de la APM. La cuarta afiliada es María Prendes Valle, magistrada del TSJM que actualmente se encuentra en comisión de servicio en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
Completan la lista María Jesús Millán, magistrada y actual directora del Servicio de Formación Continua del CGPJ, que no está asociada y que ocupó la dirección de la Escuela Judicial tras ser elegida durante el mandato anterior con los votos de los consejeros conservadores. El único aspirante afiliado a Juezas y Jueces para la Democracia es Leandro Martínez Puertas, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid que ha estado destinado en órganos de naturaleza penal en Canarias y en la Comunidad de Madrid.
El proceso de selección pasa por la Comisión de Calificación del CGPJ, que convocará a los candidatos a una comparecencia por videoconferencia en la que detallen su currículo y sus méritos. Una vez concluidas las comparecencias, esa comisión formulará una terna al pleno. Los nombramientos requieren 13 votos, lo que obliga a un acuerdo entre parte de los dos bloques del órgano: diez vocales elegidos a propuesta del PP, diez a iniciativa de PSOE y Sumar, y la presidenta, Isabel Perelló.
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