Miles de pensionistas marchan en Madrid para exigir pensiones ligadas al IPC real
Varios miles de jubilados recorrieron el centro de Madrid para reclamar revalorizaciones conforme al IPC real y rechazar cualquier privatización del sistema público, a un mes de las elecciones generales.
Por Marcos Esteban
Varios miles de pensionistas llegados de toda España recorrieron este sábado el centro de Madrid, desde Atocha hasta la calle de Alcalá, para exigir que sus pensiones se revaloricen conforme al IPC real y para rechazar cualquier intento de privatizar el sistema público. La marcha, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), contó con la adhesión de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. La Delegación del Gobierno cifró la asistencia en 25.000 personas, mientras que los organizadores elevaron la cifra a 50.000.
La protesta se produce con la inflación en el 4,9 % y en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Las pensiones, de las que dependen los ingresos de más de diez millones de votantes, han entrado de lleno en el debate político después de que dirigentes del PP y de Vox se pronunciaran sobre la viabilidad futura del sistema. Entre las pancartas se leían lemas como «Pensiones dignas», «Pan, trabajo y dignidad» o «Blindar las pensiones». El recorrido terminó en Alcalá, a la altura del metro de Sevilla, donde las asociaciones mostraron su solidaridad con las movilizaciones por la sanidad y la educación públicas y por los derechos de las educadoras infantiles. Después, los manifestantes se dirigieron a la Puerta del Sol para apoyar a los acampados que reclaman una vivienda digna.
La portavoz nacional de Coespe, Francisca López, reclamó que la revalorización se ajuste al IPC real, porque, a su juicio, las subidas actuales no compensan el encarecimiento del coste de la vida ni el de la cesta de la compra. La ley vincula la actualización anual al IPC medio de los doce meses previos, pero esa subida se aplica en enero. Las plataformas agrupadas en la Unidad de Acción de los movimientos de pensionistas lo resumieron así: «Tenemos menos capacidad de compra que en enero». Según sus datos, la pensión no permite llegar a fin de mes al 51,3 % de los perceptores. Por ello exigen restablecer la paga compensatoria que se abonaba al final de cada ejercicio para cubrir esa pérdida.
Entre las reivindicaciones figuran una subida del 6 % de las pensiones para 2027, la equiparación de la pensión mínima con el salario mínimo interprofesional (SMI) neto, fijado en 1.221 euros mensuales, y una auditoría pública e inmediata del sistema, pues, según los convocantes, aún existen «muchas pensiones de miseria». Pero el grito más repetido fue el rechazo a lo que la coordinadora califica de «continuos e intolerables intentos de privatización total o parcial». «Gobierne quien gobierne, los derechos y las pensiones públicas se defienden», corearon los asistentes, que instaron a todo el arco parlamentario a blindar el sistema actual. Otro portavoz de Coespe, Damián Rodríguez, expresó su preocupación por lo que pueda ocurrir tras el 29 de noviembre: «Las pensiones cada día son menores con respecto al coste de la vida y se nota en nuestros hogares».
Varios colectivos llevaron además sus propias demandas a la calle. La Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar (ASJUBI40) pidió que, antes de que termine la legislatura, se deroguen los elementos que recortan la pensión de quienes se retiran anticipadamente tras haber cotizado 40 años o más, una penalización que, según la entidad, afecta a unas 900.000 personas. Su vicepresidente y portavoz, Santiago Menchero, denunció que castiga a hombres y mujeres que empezaron a trabajar muy jóvenes, algunos con apenas 14 años. Desde Galicia, el Movimiento Gallego en Defensa de las Pensiones y los Servicios Públicos (Modepen) puso el foco en la brecha de género, del 29,4 %. Según la nómina de agosto de la Seguridad Social, la pensión media de jubilación de las mujeres fue de 1.267,48 euros, frente a los 1.795,65 de los hombres, es decir, 528,17 euros menos.
La vivienda fue el otro gran eje de la protesta. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas defendió unir las reivindicaciones de pensionistas y trabajadores ante un encarecimiento del coste de la vida que, advirtió, está «devorando los ingresos de millones de personas». Recordó que la crisis residencial golpea también a los mayores, sobre todo a quienes viven de alquiler o ayudan económicamente a sus familias, y rechazó que las dificultades para llegar a fin de mes sean un conflicto entre generaciones.
La marcha tuvo también una lectura electoral. Integrantes de Frente Amplio, la coalición de izquierdas, se sumaron a la protesta con dos propuestas: que ninguna pensión quede por debajo del salario mínimo y recuperar la jubilación a los 65 años. «Si estamos subiendo el SMI porque el coste de la vida no para de aumentar, lo lógico es que las pensiones suban al mismo ritmo que el SMI», indicó Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la presidencia. El cabeza de lista por Madrid, Emilio Delgado (Más Madrid), aseguró que el sistema público no solo es «sostenible», sino también «mejorable».
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