Peinado se jubila tras sentar a Begoña Gómez en el banquillo
El juez Juan Carlos Peinado deja la magistratura después de enviar a juicio a Begoña Gómez. La actualidad política también pasa por el desahucio de Maricarmen, la situación en Ceuta y el recurso del Gobierno Vasco sobre el euskera.
Por Inés Benítez
El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, se jubila este viernes tras una carrera en la que ha sido el magistrado encargado de instruir la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a quien envió a juicio. La retirada de Peinado cierra una etapa en la judicatura madrileña y coincide con una jornada de intensa actividad política marcada por la vivienda, la inmigración y las tensiones internas en el Ejecutivo.
El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que residía en un piso del distrito madrileño de Retiro con un alquiler de renta antigua desde hacía 71 años, sigue dominando el debate público. El PP ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de «mentir» al sostener que el real decreto ley de vivienda habría evitado el desalojo. La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha reprochado al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que su afirmación no se ajusta a la realidad, y ha recordado que a finales de febrero PP, Vox y Junts votaron en contra del decreto del «escudo social» que prohibía los desahucios. Bolaños había señalado que el desahucio «se pudo evitar si se hubiera aprobado el real decreto ley antidesahucios».
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha terciado en la polémica asegurando que «a la ultraizquierda nunca le han importado» los desahucios y que no ha hecho nada en ocho años. A través de redes sociales, Ayuso ha criticado que se quiera «desviar la atención» de la situación en Ceuta, ciudad autónoma que, a su juicio, «sigue invadida y aislada» de los principales países occidentales. La dirigente autonómica ha advertido de que solo se considera importante «lo que indique el aparato gubernamental» y ha cuestionado que el Gobierno actúe con la opinión pública «y con el dinero» de los españoles «como le viene en gana».
En el seno del Gobierno de coalición, los ministros de Sumar han respondido a las críticas del titular de Transportes, Óscar Puente, quien durante dos días consecutivos arremetió contra el socio minoritario. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha afirmado que Puente se «equivocó de adversario, de tono y de mensaje», aunque ha tratado de zanjar la polémica para no «ahondar en la herida». En una entrevista en RNE, Bustinduy ha subrayado que lo relevante para la ciudadanía es resolver la crisis de la vivienda, sobre todo tras el caso de Maricarmen, en lugar de hacer «el panoli en las redes sociales». El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha respaldado esa posición y ha pedido dejar tiempo a Puente para rectificar.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha reclamado buscar el «mínimo común denominador» entre los grupos parlamentarios para aprobar «lo antes posible» un decreto en materia de vivienda que haga frente a la «grave crisis» habitacional. La formación independentista insiste en la necesidad de desbloquear las medidas mientras el debate sobre los desahucios sigue vivo.
En el País Vasco, el lehendakari Imanol Pradales ha anunciado que el Gobierno autonómico interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que anuló el decreto que regula el uso del euskera en la Administración. La decisión responde al fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que dio la razón a Vox al invalidar la norma. Pradales ha defendido que su Ejecutivo cumplió «todos los controles y procedimientos» durante la tramitación y ha confirmado que recurrirá la resolución ante el alto tribunal.
Mientras tanto, la situación en Ceuta continúa siendo motivo de preocupación política. Miles de inmigrantes que entraron durante la invasión del pasado 30 de julio permanecen en la ciudad autónoma, que no ha recuperado la normalidad. En Marruecos, las autoridades han detenido a diez personas sospechosas de difundir noticias falsas e incitar a través de redes sociales a la inmigración irregular «masiva» hacia Ceuta y Melilla. La Dirección General de Seguridad Nacional marroquí ha informado de que las operaciones se han llevado a cabo a nivel nacional en coordinación con la Dirección General de Vigilancia del Territorio. Entre los arrestados habría dos menores de 16 y 17 años, según el portal Le360, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente.
7
