Sánchez adelanta las elecciones generales al 17 de octubre para centrar el debate en la vivienda
El presidente del Gobierno convoca elecciones generales para el 17 de octubre con el objetivo de cambiar la agenda política, dejando atrás los debates sobre Ceuta y la corrupción, y aprovechando la fragmentación de la izquierda a su izquierda.
Por Elena Lozano
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido adelantar las elecciones generales al 17 de octubre. La convocatoria llega después de un verano marcado por dos asuntos que han desgastado al Ejecutivo: la crisis de Ceuta y los casos de corrupción. Según distintos análisis, estos temas estaban provocando una caída en la intención de voto y podían afectar al reparto de escaños. Con el adelanto, el Gobierno busca que la conversación política gire en torno a otro asunto: la vivienda.
El cambio de agenda comenzó con el desahucio de Mari Carmen, un caso que tuvo una amplia repercusión pública. Una semana después se aprobaron los decretos de vivienda, aunque posteriormente el Congreso los tumbó. A pesar de este revés parlamentario, el presidente considera que es posible mantener el debate centrado en la vivienda y en las políticas sociales hasta finales de noviembre, cuando en principio deberían celebrarse las elecciones. Fuentes del entorno gubernamental hablan de una «ventana de oportunidad» que puede proporcionar un respiro electoral.
Otro factor clave es la situación de la izquierda situada a la izquierda del PSOE. Sumar, Izquierda Unida, Compromís, Más Madrid, Chunta y el BNG estaban negociando la posibilidad de concurrir conjuntamente en un frente amplio, del que quedaría fuera Podemos. El PSOE ha pulsado el botón electoral antes de que ese espacio político haya completado su reorganización. Aunque ya se ha anunciado una fecha para la constitución de ese frente, el 17 de octubre, resulta complicado que esas fuerzas estén realmente listas para afrontar con garantías una campaña electoral. Su candidata más reconocible, Yolanda Díaz, ya se apartó de la carrera. Ahora deben buscar otros rostros que puedan asumir el liderazgo, pero ninguno cuenta con un respaldo unánime ni con niveles de conocimiento especialmente elevados.
Existe además otro factor relacionado con lo que habría ocurrido en las próximas semanas si no se hubieran convocado elecciones. La agenda judicial seguía avanzando y, según distintos análisis, podían producirse novedades relevantes. La tradición política sostiene que durante un periodo electoral determinados procedimientos quedan ralentizados, por lo que algunas decisiones podrían retrasarse. También es probable que durante la campaña disminuya el impacto de las novedades judiciales en la agenda política.
De este modo, el Gobierno afronta las elecciones con una izquierda fragmentada a su izquierda y con un debate público que ya no gira sobre Ceuta o la corrupción, sino sobre la vivienda y los derechos sociales. Todo apunta a una campaña permanente entre Gobierno y oposición. El presidente intentará movilizar el voto en torno a la idea de una emergencia democrática y presentarse como la alternativa frente a una amenaza política que, según su discurso, pondría en riesgo determinados derechos y avances sociales.
Queda por ver si esa estrategia vuelve a funcionar. El llamado voto del miedo ya resultó eficaz para el PSOE en las elecciones de 2023, pero no está claro que vuelva a tener el mismo efecto. Además, es previsible que el Gobierno apruebe nuevos decretos relacionados con la vivienda y quizá otras iniciativas de carácter social. No cabe descartar medidas vinculadas a la sanidad, el ingreso mínimo vital o el salario mínimo interprofesional. Todo ello se produciría con el Congreso disuelto y con la Diputación Permanente como único órgano parlamentario en funcionamiento. En ese escenario, el Gobierno podría apoyarse en la mayoría existente en la Diputación Permanente para sacar adelante medidas que presentar como parte de su propuesta electoral frente al programa del PP.
Es previsible una campaña de fuerte confrontación política y de advertencias sobre el riesgo de avance de la ultraderecha. Los mensajes estarán muy polarizados. Se hablará de líderes internacionales como Le Pen o Trump y también de Santiago Abascal. El foco se situará menos sobre la imagen moderada de Alberto Núñez Feijóo y más sobre la posibilidad de un Gobierno apoyado por Vox. La oposición seguirá una estrategia similar de movilización. El PP ya ha dejado entrever algunos de los mensajes que centrarán su campaña: la necesidad de un cambio político, el fin de los casos de corrupción y la búsqueda de soluciones a problemas como el acceso a la vivienda. Otra cuestión es si esos mensajes logran calar entre los votantes. Por su parte, Vox centrará buena parte de su discurso en la inmigración, mientras que Sumar y Podemos pondrán el acento en la vivienda y las políticas sociales. En ese espacio político, Podemos podría verse beneficiado por disponer de una posición más definida y una estructura ya consolidada. Sumar, en cambio, afronta el reto de construir ese eventual frente amplio en tiempo récord. Si consigue culminarlo con éxito, la disputa por la representación de la izquierda a la izquierda del PSOE seguirá siendo uno de los elementos más relevantes de la campaña.
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