Trump celebra una victoria sobre el voto por correo que aún no existe del todo
El Supremo ha levantado una de las cautelares contra la orden de Trump sobre el voto postal, pero no ha declarado constitucional el plan y otro bloqueo judicial sigue vigente.
Por Iván Serrano
Donald Trump ya tiene una frase fácil para la campaña: el Tribunal Supremo le ha dado la razón en su pulso por endurecer el voto por correo. La realidad jurídica, menos fotogénica, es que el Supremo le ha dado una victoria procesal y ha dejado abierta la pregunta más importante.
El 24 de agosto, el tribunal decidió por seis votos contra tres suspender una orden de un juez federal de Massachusetts que bloqueaba varias partes de la Executive Order 14399 frente a 23 estados y el Distrito de Columbia. La Administración recupera así margen para avanzar en sus planes antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
Lo que no hizo el Supremo fue declarar constitucional la orden presidencial. La mayoría se centró en una cuestión de legitimación procesal: si los estados habían demostrado ya un perjuicio suficientemente concreto para poder demandar y obtener una medida cautelar. Los jueces consideraron que el Gobierno tiene buenas posibilidades de ganar ese argumento.
La diferencia es grande. Decir que una demanda puede ser prematura no equivale a decir que el presidente tiene poder para reorganizar el sistema de voto por correo de los estados. Ese conflicto de fondo sigue sin resolverse.
La orden firmada por Trump el 31 de marzo va bastante más allá de una simple recomendación. Encarga al Department of Homeland Security la creación de listas estatales de ciudadanos confirmados, ordena al Department of Justice priorizar investigaciones y posibles procesos por la entrega de papeletas federales a personas no elegibles y exige al Postal Service desarrollar nuevas normas para el voto por correo y el voto absentee.
Entre esas normas aparecen nuevos requisitos para los sobres, códigos de barras únicos y listas específicas de votantes que reciben la papeleta por correo. La Casa Blanca sostiene que el sistema permitirá verificar mejor la ciudadanía, seguir las papeletas y reforzar la confianza en las elecciones.
Los críticos responden que el problema no es solo técnico. La Constitución estadounidense deja la organización de las elecciones federales principalmente en manos de los estados, con capacidad regulatoria del Congreso. La jueza Ketanji Brown Jackson insistió en esa arquitectura en su voto particular: a su juicio, el Gobierno no ha demostrado que el presidente tenga autoridad para decidir cómo debe administrarse el voto postal.
Además, la puerta que abrió el Supremo no es la única puerta del edificio. Una segunda medida cautelar, en League of Women Voters of Massachusetts v. Trump, sigue bloqueando parte de la política del Postal Service. El propio USPS ha indicado en su norma final que no aplicará los nuevos requisitos para las elecciones de 2026 mientras el Gobierno no consiga levantar los bloqueos judiciales pendientes.
El calendario añade otra capa de presión. En algunos estados las papeletas comienzan a enviarse a principios de septiembre. Rediseñar sobres, cambiar bases de datos, adaptar portales y coordinar verificaciones con miles de oficinas electorales cuando el proceso ya está en marcha puede ser jurídicamente posible y administrativamente caótico al mismo tiempo.
Y está la contradicción que Trump lleva años arrastrando. En 2020 votó por correo en las primarias presidenciales de Florida, pidió otra papeleta por correo y animó a los votantes de ese estado a usar el sistema, que calificó como seguro. Su guerra política contra el voto postal nunca le impidió utilizarlo cuando le convenía.
La transformación de fondo, por tanto, todavía no ha ocurrido. El Supremo ha cambiado el equilibrio del litigio y ha dado al Ejecutivo más espacio para actuar. No ha convertido una orden presidencial en una competencia constitucional indiscutible.
Trump puede celebrar. Los abogados también tienen motivos para seguir facturando horas. Y los funcionarios electorales, que son quienes tendrán que hacer funcionar cualquier cambio real, siguen mirando un calendario que no se detiene mientras Washington discute quién tiene la última palabra.
