Un concejal del PP de Valencia votó ampliar plazas de una oposición a la que aspiran sus hijos
José Marí Olano, edil de Grandes Proyectos en el Ayuntamiento de Valencia, participó en la Junta de Gobierno Local que duplicó las plazas de letrados municipales, un proceso selectivo en el que concurren dos de sus hijos. El acta no recoge ninguna abstención del concejal, pese a que la ley obliga a apartarse en asuntos con parentesco directo.
Por Iván Serrano
El concejal de Grandes Proyectos, Control Administrativo y Procedimiento Sancionado del Ayuntamiento de Valencia, José Marí Olano, participó el pasado 3 de julio en la reunión de la Junta de Gobierno Local que aprobó ampliar de dos a cuatro las plazas de una oposición de letrados municipales a la que aspiran dos de sus hijos. El edil, abogado del Estado en excedencia, formó parte de los diez regidores que validaron la moción presentada por la delegada de Recursos Humanos, Julia Climent, para acumular en los procesos selectivos ya en marcha los puestos contemplados en la Oferta de Empleo Público de 2026.
La decisión afectó a un total de 26 categorías de puestos y supuso añadir entre 150 y 200 plazas adicionales a convocatorias abiertas y aún sin concluir. En el caso de los letrados, la ampliación duplicó las vacantes de turno libre de una prueba cuyo plazo de inscripción había cerrado el 19 de mayo y a la que habían concurrido más de 40 personas, entre ellas dos hijos del concejal. Uno de ellos ya es funcionario de carrera en la Abogacía de la Generalitat, donde trabaja como coordinador de letrados bajo la Vicepresidencia que dirige José Díez, marido de Julia Climent, la concejal que llevó la moción a la Junta. El otro hijo ha presentado solicitud para la convocatoria municipal y simultáneamente oposita al turno libre de la Abogacía de la Generalitat, donde ha superado el primer corte con la segunda mejor nota.
El acta de la Junta de Gobierno Local no refleja ninguna abstención de Marí Olano, pese a que alude expresamente a su presencia en la reunión. Sí recoge, en cambio, la abstención de la concejal de Vox Mónica Gil en un asunto sin relación, un convenio de colaboración con la asociación Iniciatives Solidàries para programas de formación y empleo juvenil. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público establece en su artículo 23 el deber de abstención de las autoridades y el personal al servicio de las administraciones en aquellos asuntos en los que exista parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados en el procedimiento. La participación de Olano en un acto administrativo que afecta a un proceso selectivo en el que concurren sus hijos podría abrir la puerta a reclamaciones.
Fuentes del equipo de gobierno justificaron la actuación señalando que la ampliación de plazas entró en el orden del día de la Junta en el apartado de asuntos extraordinarios. «Los concejales no conocen antes de la Junta de Gobierno Local el contenido de los acuerdos que se incluyen en el orden extraordinario. Se enteran en el momento en el que empieza la Junta tan sólo de los asuntos incluidos en el orden del día extraordinario, no de su contenido», explicaron las mismas fuentes. La moción relativa a la adición de nuevas plazas entró como punto 98 (E) de los más de cien asuntos tratados en la sesión.
El Ayuntamiento declinó pronunciarse sobre si el concejal debió abstenerse en el punto relativo a la oposición en la que participan sus familiares. Fuentes oficiales se limitaron a señalar que la lista de aspirantes todavía no ha sido publicada, por lo que la identidad de los participantes es confidencial. La ampliación de plazas no solo afectó a los letrados: el proceso de arquitectos técnicos sumó 24 nuevas plazas hasta un total de 50; el de médicos añadió diez ofertas hasta sumar catorce; el de educadores sociales pasó de nueve a 30; y el de bomberos, de 92 a 122 plazas.
La oferta de empleo de turno libre para las cuatro plazas de abogado municipal finalizó en mayo la fase de inscripción, pero a día de hoy sigue sin publicarse la lista de admitidos y excluidos, un retraso que ha generado malestar entre los opositores. El caso de Marí Olano no es el primero que vincula al edil con conflictos de interés: un informe de la Agencia Antifraude advirtió recientemente de irregularidades en contratos millonarios de saneamiento y otros financiados con fondos europeos por falta de transparencia en su abstención por conflicto de interés.
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