Un juzgado de Madrid admite una querella contra Sofía Puente por la Ley de Nietos
El Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid investiga a la hermana del ministro Óscar Puente por un presunto delito de prevaricación al ampliar los supuestos de la Ley de Nietos, tras admitir la querella de Hazte Oír y desoír a la Fiscalía.
Por Iván Serrano
El Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha admitido a trámite una querella de Hazte Oír contra Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes Óscar Puente, por un presunto delito de prevaricación administrativa. La causa se centra en la instrucción que, siendo directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, amplió los supuestos para acogerse a la conocida como Ley de Nietos.
El auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, sostiene que los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de prevaricación administrativa». La jueza Inmaculada Lova Ruiz ha acordado admitir la querella y las cuatro ampliaciones presentadas, y ha fijado una fianza de 1.000 euros para que Hazte Oír se persone en la causa. La decisión del juzgado contradice la postura de la Fiscalía Provincial de Madrid, que se opuso a la admisión al considerar que el asunto ya había sido estudiado por otro juzgado y archivado, por lo que apreciaba «cosa juzgada».
La instrucción objeto de la querella amplió hasta 1955 el margen para que los descendientes de exiliados por el franquismo pudieran solicitar la nacionalidad española. Hazte Oír sostiene que Sofía Puente no tenía competencias para impulsar ese cambio en la Ley de Memoria Democrática en 2022, que la instrucción contradecía el espíritu de la norma y que se apartaba de lo pactado expresamente en el Congreso de los Diputados.
Por el momento, Sofía Puente no figura como investigada. El juzgado se ha limitado a abrir la causa y ha solicitado información a otros juzgados, ya que no es la primera vez que se emprenden acciones legales contra ella por hechos similares. La Fiscalía esgrimió precisamente ese historial para rechazar la querella.
La reacción del Gobierno no se ha hecho esperar. El Ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños ha emitido un comunicado en el que critica que «es evidente el verdadero objetivo de la ultraderecha con este tipo de actuaciones torticeras es minar la confianza en nuestro sistema, recortar masivamente derechos constitucionales e intimidar a las personas comprometidas con valores progresistas y democráticos».
El caso se produce en un contexto de controversia más amplia sobre la Ley de Nietos. El Tribunal Supremo ha suspendido el derecho al voto de los nuevos nacionalizados mientras se aclara si muchos de ellos descienden realmente de represaliados políticos o si su salida de España obedeció a motivos económicos. La Guerra Civil se extendió entre 1936 y 1939 y la dictadura franquista se prolongó hasta 1975, de modo que ampliar la norma hasta 1955 ha generado dudas sobre el alcance de la medida.
La admisión de la querella supone un nuevo frente judicial para el Ministerio de Justicia y para la propia Sofía Puente, que deberá responder ante el juzgado por una instrucción que, según la querellante, excedió sus competencias y contradijo la voluntad del legislador.
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