Una instrucción de Justicia disparó las solicitudes de nacionalidad de 351.266 a 2,6 millones
El Ministerio de Justicia, dirigido por Félix Bolaños, aprobó en noviembre de 2024 una instrucción que permitió solicitar cita en consulados por vía telemática. En un año, las peticiones de nacionalidad española pasaron de 351.266 a 2.622.450, según datos del Gobierno.
Por Iván Serrano
Una instrucción del Ministerio de Justicia, encabezado por Félix Bolaños, ha multiplicado por siete las solicitudes de nacionalidad española en poco más de un año. El cambio normativo, firmado en noviembre de 2024 por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, María Ester Pérez Jérez, permitió a los descendientes de emigrantes españoles pedir cita en los consulados por medios telemáticos, sin necesidad de acudir presencialmente como se exigía hasta entonces.
Los datos del propio Gobierno reflejan el impacto: en noviembre de 2024, cuando se aprobó la instrucción, se habían registrado 351.266 solicitudes. Una vez finalizado el plazo establecido en la Ley de Memoria Democrática, la cifra asciende a 2.622.450. De ese total, ya se han aprobado 557.709 expedientes de nacionalidad.
La medida, según el texto de la instrucción, permitía a los interesados solicitar una cita presencial a través de las herramientas telemáticas de las Oficinas Consulares. Se facilitaba un acuse de recibo que acreditaba haber pedido cita dentro del plazo de vigencia de la ley, con independencia de que la presentación de la documentación original se realizara en un momento posterior. Hasta entonces, la instrucción anterior, firmada por Sofía Puente, exigía que los solicitantes presentaran su petición personalmente en el registro civil.
La nueva regulación alivió el colapso en los consulados, saturados por las largas colas de solicitantes, y permitió acceder a la medida a personas que no habrían entrado en plazo de hacerlo de forma presencial. Actualmente, los consulados tramitan las citas para que los interesados aporten la documentación requerida.
Esta no es la única ampliación del alcance de la ley. Una instrucción anterior de Justicia ya había extendido extraordinariamente el número de beneficiarios al incluir no solo a los descendientes de los exiliados de la Guerra Civil y el franquismo, sino también a los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles. En la práctica, esto abrió la puerta a prácticamente cualquier descendiente de cualquier emigrante español, con independencia del motivo de su salida del país. Como consecuencia, se han concedido nacionalidades a tataranietos y descendientes de emigrantes españoles de 1882.
La polémica por la llamada Ley de Nietos ha irrumpido en el debate político. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado una «ingeniería electoral» del Gobierno de Pedro Sánchez con el fin de «fabricar» nuevos votantes. En el PP defienden una ley de nacionalidad «con garantías» y más limitada.
El interés electoralista de la norma, según las críticas, se apoya en los datos electorales. El PSOE fue la fuerza más votada en el voto emigrante en las cuatro últimas elecciones autonómicas celebradas: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Desde 2022, cuando se aprobó la ley en el Congreso, los socialistas han desarrollado una intensa campaña de movilización en los países que fueron destino de la emigración española.
La ahora secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, viajó en numerosas ocasiones a Buenos Aires como responsable del PSOE Exterior para instar a los descendientes a solicitar la nacionalidad y alentar la participación electoral. «Podéis votar gracias a este Gobierno», proclamó Cancela en un encuentro con la militancia socialista días antes de las generales de 2023. Su sucesor, el senador César Mogo, también es habitual en la región. El año pasado, en la televisión argentina, admitió que «todo» descendiente de emigrante español, fuese o no exiliado político, tenía «derecho» a ser español y presumió de que en Argentina habría más nacionalizados con derecho a voto que en el 95% de las ciudades españolas.
