Una jueza de Badajoz sufre una campaña de querellas y denuncias que llega al TEDH
La magistrada Beatriz Biedma, instructora del caso David Sánchez, ha sido denunciada ante nueve organismos, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por un querellante reincidente sancionado por el TSJ de Extremadura. La ofensiva incluye recusaciones, querellas y difusión de fotografías de jueces.
Por Inés Benítez
La jueza Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz y encargada de la instrucción del caso que afecta al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, está siendo objeto de una campaña sistemática de querellas, recusaciones y denuncias que ha alcanzado instancias internacionales. El autor de los escritos es Javier Saavedra, un querellante que ya ha sido sancionado en dos ocasiones por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura por mala fe procesal, según consta en resoluciones judiciales.
La denuncia más reciente, fechada el 11 de febrero de 2026 y de 23 páginas, atribuye a la magistrada cuatro delitos: retardo malicioso, desobediencia, impedimento del ejercicio de derechos fundamentales y omisión del deber de perseguir delitos. El documento se ha enviado de forma simultánea a nueve destinatarios, entre ellos la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Superior de Extremadura, la Fiscalía Provincial de Badajoz, el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo. También se ha remitido a medios de comunicación.
El argumento central de la denuncia se basa en una providencia firmada por Biedma el 22 de enero de 2026 en una causa en la que la jueza ya se había abstenido. Sin embargo, según el análisis del escrito, se trataba de una resolución de mero trámite que se limitaba a tener por interpuesto un recurso y dar traslado a las partes, sin decidir nada de fondo. La firma pudo producirse porque el órgano superior aún no había aprobado su abstención o el sustituto no había asumido la causa. Los delitos imputados, señalan fuentes jurídicas, no encajan con la naturaleza de la providencia, ya que el retardo malicioso exige intención de dilatar y un retraso real.
El escrito no oculta su animadversión hacia la magistrada. En un tono agresivo, afirma: «UN MES después de su abstención BEATRIZ BIEDMA sigue interfiriendo en la causa» y añade que «no es desorden: es un mecanismo que fabrica retardo». Además, se refiere a ella como «la decana de los juzgados de Badajoz, esa que ha imputado al hermano del presidente del Gobierno de España». La denuncia incluye también fotografías de magistrados de la cúpula judicial de Badajoz tomadas en una cafetería durante un descanso laboral, entre ellos Emilio García-Cancho, María Félix Tena y Domingo Bujalance. El texto sostiene que «es habitual ver a los miembros de la judicatura en Extremadura en fiestas y reuniones privadas».
La ofensiva contra Biedma no es un hecho aislado. El propio Saavedra reconoce en su escrito que el TSJ de Extremadura le ha impuesto dos multas de 5.000 euros por mala fe procesal, ambas en noviembre de 2024. Los autos describen un patrón de conducta: la Sala de lo Civil y Penal constata que el querellante «ha presentado ante este mismo Tribunal varias querellas contra los titulares de todos los órganos judiciales de la ciudad de Badajoz que han tenido alguna intervención profesional en las causas en las que es parte». La lista incluye tres querellas contra el magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, las magistradas de Instrucción 1 y 4, tres magistrados de la Audiencia Provincial, la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer, el fiscal superior de Extremadura y otro fiscal, además de una denuncia contra el secretario de gobierno del TSJ. La querella sancionada se dirigió contra un fiscal de Badajoz, al que se imputaron retardo malicioso y omisión del deber de perseguir delitos, los mismos dos tipos penales que ahora se atribuyen a Biedma. El tribunal consideró aquellos cargos «carentes del más mínimo fundamento y sin base objetiva alguna».
El auto también señala a la abogada que firma todas las querellas, Sara Moreno, y describe «un esencial y fraudulento componente que intenta aparentar juridicidad». Por ello, el TSJ ha dado traslado de su actuación a los colegios de abogados de Cáceres y de Sevilla. Saavedra ofrece una versión opuesta: atribuye todo a una «junta ilegal» de jueces celebrada el 22 de marzo de 2023 y sostiene que las multas buscan «estrangular y amedrentar al ciudadano». Su escrito incluye capturas de redes sociales privadas de una hermana de la jueza, abogada en Córdoba.
La campaña de descrédito también ha tenido otros frentes. El ex juez Luis Sáenz de Tejada, que compartía un grupo de WhatsApp con la dirigente socialista Leire Díez, ha dedicado más de 28 horas en su canal de YouTube a difamar a la instructora y ha intentado personarse en la causa para apartarla. Este jueves, tras la declaración de Biedma ante el juez Pedraz, ha publicado otro vídeo de 23 minutos, con lo que supera los 100 vídeos y las 30 horas de presunta difamación. Estas acciones se enmarcan en una operación más amplia que, según informaciones publicadas, habría sido encargada por Santos Cerdán a Leire Díez para atajar las causas judiciales que afectan al PSOE y al presidente del Gobierno.
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