Juan Carlos I renuncia a reclamar los 65 millones de euros que entregó a Corinna Larsen
El rey emérito abandona la vía judicial para recuperar la donación millonaria que realizó en 2012, después de meses de análisis por parte de su equipo jurídico. La decisión evita un nuevo enfrentamiento en los tribunales y cierra, por ahora, uno de los episodios más controvertidos de su patrimonio.
Por Inés Benítez
Juan Carlos I ha decidido no reclamar judicialmente los 65 millones de euros que entregó a Corinna Larsen hace más de una década. El rey emérito abandona así la vía legal con la que pretendía recuperar esa cantidad, pese a que su equipo jurídico había estudiado la posibilidad de emprender nuevas acciones. Con esta decisión, el exmonarca cierra la puerta a otro enfrentamiento judicial relacionado con una de las operaciones económicas más controvertidas de su trayectoria.
La renuncia llega después de meses en los que sus abogados valoraron cómo plantear la reclamación. Entre las posibilidades estudiadas se encontraban acciones relacionadas con un supuesto fraude y con la defensa del honor del antiguo jefe del Estado. La iniciativa también afectaba al abogado suizo Dante Canonica, vinculado a la gestión de los fondos. Sin embargo, finalmente, Juan Carlos I ha optado por no llevar el asunto ante los tribunales. La decisión evita que el emérito vuelva a situarse en el centro de la atención mediática por sus finanzas y por la relación que mantuvo con Larsen. Según la información publicada por «El País», personas de su entorno le habían recomendado abandonar la iniciativa.
Para entender el origen de esta disputa hay que retroceder hasta 2008. Ese año, Juan Carlos I recibió 100 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí, que fueron depositados en una cuenta vinculada a la fundación Lucum, registrada en Panamá y gestionada en Suiza. Cuatro años después, en 2012, el dinero cambió de manos. El entonces monarca transfirió 65 millones de euros a Corinna Larsen, empresaria con la que había mantenido una relación personal. La operación se produjo después de que la cacería de elefantes en Botsuana provocara una fuerte controversia pública y dañara la imagen de la Corona. La entrega de esta cantidad se convirtió posteriormente en objeto de numerosas preguntas sobre el origen de los fondos, su gestión y las circunstancias en las que se realizó la transferencia.
La empresaria sostuvo que el dinero había sido un regalo y que no existía obligación de devolverlo. Además, la documentación relacionada con la operación recogía el carácter irrevocable de la donación. Esta circunstancia constituye uno de los elementos centrales de la controversia sobre la posibilidad de recuperar el dinero. La decisión actual se produce después de otros desencuentros entre ambos. En 2023, Juan Carlos I obtuvo una resolución favorable en el proceso judicial que se desarrolló en Londres tras la demanda presentada por Larsen por presunto acoso. Desde entonces, la posibilidad de reclamar el dinero volvió a estar sobre la mesa. No obstante, el emérito ha terminado descartando esta opción y no iniciará un nuevo procedimiento.
La renuncia deja sin recorrido judicial, por ahora, el intento de recuperar los 65 millones de euros. También evita que vuelvan a examinarse públicamente los detalles de una transferencia que, más de catorce años después, continúa formando parte de las controversias vinculadas al patrimonio del rey emérito. La decisión supone un nuevo capítulo en la larga sombra que las finanzas del anterior jefe del Estado han proyectado sobre la monarquía española, y aleja, al menos temporalmente, la posibilidad de que los tribunales vuelvan a pronunciarse sobre el destino de una fortuna cuyo origen y gestión nunca han dejado de generar preguntas.
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