La Audiencia Nacional revoca beneficios penitenciarios a Anboto y a dos exmiembros de ETA
El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional frena la semilibertad de Soledad Iparraguirre «Anboto» y revoca el tercer grado a Juan Antonio Olarra Guridi y Arkaitz Aguirregabiria, estimando recursos de la Fiscalía contra decisiones del Gobierno vasco.
Por Marcos Esteban
La Audiencia Nacional ha frenado la semilibertad de Soledad Iparraguirre «Anboto», exlíder de ETA, y ha revocado el tercer grado concedido a Juan Antonio Olarra Guridi y a Arkaitz Aguirregabiria. Las tres resoluciones, dictadas por el juez José Luis Castro desde el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, estiman los recursos presentados por la Fiscalía contra decisiones adoptadas por el Gobierno vasco, que desde 2021 tiene las competencias en materia penitenciaria.
En el caso de Anboto, el juez rechaza por segunda vez la progresión al régimen de semilibertad previsto en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. El Ejecutivo autonómico la había concedido de nuevo el día 2, pero el magistrado considera que no existen hechos nuevos que justifiquen la medida y la califica de prematura. Anboto cumple una condena de 30 años por delitos de terrorismo, entre ellos nueve asesinatos, y tiene pendientes otros procedimientos por delitos vinculados a la actividad terrorista, entre ellos un homicidio. Su fecha de licenciamiento definitivo está fijada en septiembre de 2034.
La decisión sobre Olarra Guridi tiene un matiz distinto. El juez le revoca el tercer grado, pero mantiene la semilibertad del artículo 100.2. Olarra Guridi ha sido condenado por diez asesinatos y 144 intentos de asesinato, y su progresión, concedida en julio de 2025, es considerada por el juez demasiado reciente para sostener el régimen en el que se encuentra. Su fecha de licenciamiento definitivo es el 7 de septiembre de 2032. En la valoración se ha tenido en cuenta también el pago de la responsabilidad civil como forma de reparación a las víctimas.
Aguirregabiria, condenado por 38 delitos de terrorismo, sufre la misma revocación del tercer grado, con mantenimiento de la semilibertad. Entre los hechos por los que fue condenado figura el asesinato en 2010, en Francia, del gendarme francés Jean-Serge Nérin. Según los datos recogidos, había cumplido tres cuartas partes de su condena en agosto de 2023, y su licenciamiento definitivo está previsto para noviembre de 2029.
El magistrado sostiene que la naturaleza de los delitos de terrorismo debe pesar de forma decisiva en la concesión de la progresión de grado, un criterio que, según las resoluciones, no se habría aplicado con suficiente rigor en las decisiones autonómicas. Las resoluciones suponen un revés para la política penitenciaria del Gobierno vasco, que ha asumido la gestión de las prisiones de los presos de ETA desde 2021.
Las fuentes consultadas no indican si las partes recurrirán estas resoluciones ante instancias superiores.
Fuente: elconfidencial.com
8
