La Fiscalía acusa a dos menores por el acoso que precedió al suicidio de Sandra Peña en Sevilla
El Ministerio Público considera que dos de las tres menores investigadas pudieron cometer delitos contra la integridad moral y lesiones psíquicas hacia la joven de 14 años, que se quitó la vida en octubre de 2025. La causa contra el colegio Irlandesas Loreto fue archivada de forma provisional.
Por Elena Lozano
La Fiscalía de Menores ha acusado a dos de las tres menores que fueron investigadas por el supuesto acoso escolar que sufrió Sandra Peña, la joven sevillana de 14 años que se quitó la vida el 14 de octubre de 2025 poco después de salir de su colegio. El Ministerio Público considera que las menores pudieron incurrir en delitos contra la integridad moral y lesiones psíquicas hacia la víctima, según han confirmado fuentes judiciales.
La acusación llega un año después del suicidio y da por finalizada la investigación de la Fiscalía sobre las presuntas acosadoras, que comparecieron ante el organismo el 17 de noviembre de 2025. En esa citación se abrieron dos expedientes: uno sobre las menores supuestamente implicadas en el acoso y otro para evaluar la posible responsabilidad del centro educativo en la activación de los protocolos antiacoso. La investigación se sumó a la que emprendió desde el primer momento el Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional, que analizó el móvil de la menor y sus redes sociales. Antes de la acusación, ya habían declarado ante la Fiscalía los padres de Sandra y cuatro docentes del centro.
Sandra Peña estudiaba en el colegio privado concertado Irlandesas Loreto de Sevilla. Su muerte generó una doble vía de investigación: la seguida por la Fiscalía de Menores, que ahora se concreta en un escrito de acusación contra dos de las tres menores, y la impulsada por la familia en la vía penal contra la actuación del centro. Los padres consideraron que la respuesta del colegio fue insuficiente y tardía, por lo que presentaron una querella contra el centro y varios docentes.
Sin embargo, el juzgado acordó el archivo provisional de la causa contra el colegio al estimar que no existía sustento jurídico suficiente para atribuir penalmente al personal educativo la muerte de la menor. El juez entendió que el centro adoptó medidas frente a la situación, aunque no pudiera exigírsele un control permanente sobre la alumna. Los padres recurrieron y reclamaron, entre otros aspectos, que se valorara la autopsia, que reflejaba cortes en el cuerpo y presencia de alcohol en sangre, además de insistir en que el acoso continuado y la falta de protocolos no podían quedar sin sanción penal.
El pasado mes de septiembre, la Audiencia de Sevilla confirmó el archivo de la causa contra el colegio, a pesar de que el tribunal fue severo con la actuación del centro, que calificó de «absolutamente deficitaria, insuficiente y contraria a la urgencia» que imprime el protocolo de acoso. La decisión judicial no ha impedido que la Fiscalía haya seguido adelante con la acusación contra las menores, un paso que la familia de Sandra esperaba para que se depuraran responsabilidades «ejemplarizantes» cuanto antes.
El caso de Sandra Peña ha reabierto en España el debate sobre la eficacia de los protocolos antiacoso en los centros escolares y sobre la respuesta institucional ante situaciones de violencia entre iguales. La acusación de la Fiscalía de Menores contra dos de las tres investigadas supone el primer pronunciamiento formal del Ministerio Público sobre las presuntas responsables del acoso, aunque el proceso judicial contra ellas aún debe seguir su curso.
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