La ley permite solicitar el Ingreso Mínimo Vital desde los 18 años a jóvenes que crecieron en centros de menores
La Ley 19/2021 del Ingreso Mínimo Vital establece una excepción que permite a los jóvenes de entre 18 y 22 años procedentes de centros residenciales de protección de menores solicitar la prestación sin esperar a los 23 años y sin acreditar un periodo previo de vida independiente. Deben cumplir el resto de requisitos económicos y contar con un certificado de la entidad pública de protección.
Por Marcos Esteban
La Ley 19/2021, de 20 de diciembre, que regula el Ingreso Mínimo Vital (IMV), contempla una excepción que permite a los jóvenes que han crecido bajo la tutela de la Administración solicitar la prestación a partir de los 18 años, sin tener que esperar a cumplir los 23 que se exigen con carácter general. La medida está diseñada para quienes, al alcanzar la mayoría de edad, abandonan los centros residenciales de protección de menores y se enfrentan a la vida adulta sin una red familiar de apoyo.
La norma establece que pueden acogerse a esta excepción los jóvenes de entre 18 y 22 años que procedan de centros residenciales de protección de menores de las comunidades autónomas. Además, deben haber estado bajo la tutela de una entidad pública de protección de menores dentro de los tres años anteriores a alcanzar la mayoría de edad. La ley precisa que estos solicitantes no tienen que acreditar un periodo previo de vida independiente, un requisito que sí se exige a otros jóvenes que solicitan el IMV.
Esta diferencia responde al momento vital en que se encuentran. Un joven puede salir del sistema de protección al cumplir los 18 años y encontrarse de inmediato con sus primeros gastos y la necesidad de generar ingresos propios. La excepción evita que la edad se convierta en una barrera infranqueable para acceder a una prestación pensada para personas y hogares en situación de vulnerabilidad.
No obstante, la excepción no convierte el IMV en una prestación automática. Es necesario solicitarla y acreditar que se cumplen las condiciones. Entre la documentación requerida figura un certificado que demuestre la situación del joven dentro del sistema de protección, expedido por la entidad pública competente en materia de protección de menores. Asimismo, se analizan los ingresos y el patrimonio del solicitante, ya que el IMV está dirigido a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. El trámite corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
En cuanto a las cuantías, la renta garantizada establecida para un beneficiario individual en 2026 es de 8.803,20 euros al año, lo que equivale a 733,60 euros mensuales. Sin embargo, esta cifra es una referencia para una persona sola y no necesariamente el importe que percibirá cada beneficiario. Para calcular el IMV se tienen en cuenta las rentas computables que ya percibe la persona, por lo que si el solicitante dispone de otros ingresos, estos influirán en la cantidad reconocida. La Seguridad Social valorará la situación económica individual al tramitar el expediente.
El alcance de esta prestación es significativo. Según los últimos datos disponibles, en agosto el IMV llegaba a 893.820 hogares, en los que residían un total de 2.725.899 personas. La cuantía media se situó en 502,8 euros al mes por hogar, mientras que la nómina abonada durante ese mes alcanzó aproximadamente los 474,7 millones de euros. El número de prestaciones activas también ha crecido: había 128.915 más que un año antes, lo que supone un incremento del 16,9%.
Para los jóvenes procedentes de centros residenciales de protección, la edad marca una diferencia fundamental. La ley les permite solicitar la prestación desde los 18 años y sin acreditar un periodo previo de independencia, siempre que se demuestre la procedencia del sistema de protección y se cumplan las condiciones económicas correspondientes. Se trata de un supuesto muy concreto dentro del IMV, pero con un impacto directo en una etapa crítica para quienes inician su vida fuera del sistema de tutela.
