La protesta urbana rediseña las plazas y redefine quién puede permanecer en ellas
Barricadas, acampadas, rondas de caminantes o cenas vecinales: la protesta altera la función de los espacios centrales de la ciudad y cuestiona qué usos se consideran naturales. El caso de los Sopars a la Llesca en Palma ilustra la disputa entre el valor económico y el valor de uso de las plazas.
Por Iván Serrano
La disputa que está en juego es quién tiene derecho a permanecer en los espacios centrales de una ciudad cuando su valor económico comienza a imponerse sobre su valor de uso. La protesta urbana, además de demandar derechos, redefine los espacios de la ciudad. A veces lo hace con materiales explícitos como barricadas, vallas, tiendas o vehículos, y otras con elementos aparentemente modestos como una mesa, una silla plegable, una asamblea, un círculo de caminantes o una comida compartida. En todos esos gestos hay una operación arquitectónica: se altera la función de un lugar y, con ello, su significado.
Las barricadas levantadas en París en 1848 fueron una reescritura instantánea de la sintaxis urbana. Donde había circulación apareció la frontera, y en aquellos lugares en los que la ciudad prometía continuidad, la interrupción adquirió forma de resistencia colectiva. Las calles, organizadas para conectar puntos, transportar mercancías y asegurar el control territorial, se reconvirtieron en líneas de separación. La ciudad dejó de ser un mecanismo de movilidad para convertirse en un campo de posiciones. Aquella condición provisional mostró que la arquitectura no empieza ni termina en los edificios: también está en la forma de organizar los cuerpos en el espacio, en la posibilidad de abrir o cerrar un paso, en la decisión de convertir una avenida en una frontera o una plaza en un espacio de deliberación.
Más de siglo y medio después, en la primavera de 2011, la Puerta del Sol de Madrid se convirtió en salón, comedor, dormitorio y ágora de una ciudadanía que decidió habitar de otro modo el corazón simbólico de la capital. El kilómetro cero de Madrid, espacio turístico, comercial, institucional y mediático, fue reprogramado durante unas semanas como una ciudad dentro de la ciudad. Había lugares para dormir y comer, pero también para debatir, informar, prestar asistencia, organizar tareas y producir mensajes. La acampada superpuso un orden provisional al establecido y mostró que los usos que consideramos naturales no lo son: son el resultado de decisiones políticas, económicas y culturales sedimentadas en el tiempo.
En Ottawa, durante el invierno de 2022, una hilera de camiones transformó el asfalto en infraestructura de bloqueo a través de una arquitectura móvil convertida deliberadamente en inmóvil. En Brasilia, campamentos y ocupaciones alteraron el paisaje monumental de la Explanada de los Ministerios, concebida por Oscar Niemeyer y Lúcio Costa como una de las grandes escenografías modernas del poder. Y en Buenos Aires, desde 1977, las Madres de Plaza de Mayo se manifiestan bajo un giro repetido alrededor de la Pirámide de Mayo que es un gesto coreográfico de resistencia, una liturgia caminada que reclama la plaza como territorio de memoria. En todos los casos, localizaciones reseñables de la ciudad se transforman en espacios de protesta dando visibilidad a las necesidades de sus ciudadanos.
La ciudad contemporánea suele presentarse como un dispositivo de disponibilidad continua. Se circula, se consume, se observa, se fotografía. Todo parece preparado para que el tránsito no se interrumpa y para que la experiencia urbana sea fluida, rentable y legible. En ese marco, cualquier detención colectiva adquiere una potencia inesperada. Toda ocupación revela así una diferencia fundamental entre espacio público y espacio de uso público. Una plaza puede pertenecer jurídicamente a todos y, sin embargo, estar sometida a mecanismos que seleccionan quién puede permanecer en ella, durante cuánto tiempo y haciendo qué. Puede estar limpia, iluminada y cuidadosamente diseñada y, al mismo tiempo, resultar extrañamente ajena a quienes viven a su alrededor.
Esta tensión entre espacio público y espacio disponible para el consumo apareció este verano en el Passeig del Born de Palma. Por segundo año consecutivo, la asociación Brunzit convocó durante julio y agosto los Sopars a la Llesca, una serie de encuentros en los que cientos de vecinos acudieron a distintas plazas con sillas de casa, pareos y comida para cenar juntos al aire libre. La sencillez del gesto contiene toda una declaración urbana. Frente a unas terrazas que, según denuncia la organización, han llegado a ocupar hasta 130 metros cuadrados del Born y que se dirigen crecientemente a un visitante con una capacidad de gasto alejada de la de muchos residentes, los vecinos responden ocupando la calle. No hay barricadas ni estructuras defensivas: apenas unas sillas, comida y cuerpos que deciden permanecer. La pregunta de quién manda en una plaza —si la administración que regula su uso, el negocio que extiende sus mesas, el visitante que la atraviesa, la policía que delimita sus perímetros, la arquitectura que predispone sus recorridos o quienes viven alrededor— queda así abierta en cada ocupación.
