Almeida defiende su modelo de intermediación en alquiler tras el regreso de Maricarmen a su casa
El Ayuntamiento de Madrid cierra un acuerdo con Urbagestión para que Maricarmen Abascal, de 87 años, vuelva a la vivienda de la que fue desahuciada, con un contrato de ocho años y una renta limitada al 30% de sus ingresos. Almeida reivindica el Servicio de Intermediación del Alquiler y pide levantar la acampada de Sol.
Por Iván Serrano
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reivindicado este martes el modelo de intermediación en el alquiler del Ayuntamiento después del acuerdo alcanzado entre Urbagestión y Maricarmen Abascal para que la mujer de 87 años pueda regresar a la vivienda de la que fue desahuciada la semana pasada. El pacto se cerró el lunes tras más de cuatro horas de negociación con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).
Maricarmen podrá volver a la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda mediante un nuevo contrato de alquiler de ocho años y con una renta que no superará el 30% de sus ingresos netos. «Siempre es bueno que haya un acuerdo», ha señalado Almeida, que ha agradecido tanto a la propiedad como a los representantes de Maricarmen su disposición a negociar. «Felicitémonos de que haya un gobierno en el que ambas partes, Urbagestión y Maricarmen, confíen», ha añadido.
El alcalde ha aprovechado el desenlace para defender la intervención del Ayuntamiento en un conflicto entre particulares y contraponer su política de vivienda a la del Gobierno de Pedro Sánchez. «Esto demuestra que hay una forma distinta a la de Pedro Sánchez de afrontar los problemas», ha afirmado. La actuación municipal, según ha explicado, permite conjugar la protección del inquilino con la seguridad jurídica del propietario. «La cuestión controvertida de Maricarmen no es que hubiera dejado de pagar», ha precisado.
El acuerdo se alcanzó después de que la EMVS rechazara inicialmente la incorporación de la vivienda al programa municipal ReViVa, al no cumplir los requisitos legales establecidos. La alternativa finalmente acordada ha sido un nuevo contrato de arrendamiento entre la propiedad y Maricarmen a través del Servicio de Intermediación del Alquiler de la EMVS. Este servicio municipal actúa entre propietarios e inquilinos y ofrece mediación entre las partes y seguros gratuitos de impago y multirriesgo durante la vigencia del contrato.
Almeida ha defendido que el objetivo del programa es que las viviendas privadas salgan al mercado del alquiler ofreciendo garantías a sus propietarios. Según los datos aportados este martes por el alcalde, 731 viviendas se han acogido ya a este marco de intermediación en la capital. El regidor ha respondido así a quienes han criticado que el Ayuntamiento interviniera en un conflicto sobre una vivienda de titularidad privada: «Intervenimos porque la propiedad lo pide. No se verán tan perjudicados cuando piden la intervención del Ayuntamiento y agradecen el acuerdo».
El caso de Maricarmen desencadenó después del desahucio una movilización en defensa del derecho a la vivienda que ha terminado trasladándose a la Puerta del Sol, donde se ha instalado una acampada. El acuerdo entre Maricarmen y Urbagestión no ha supuesto por ahora el final de la protesta. Representantes del Sindicato de Inquilinas que participaron en la negociación anunciaron tras conocerse el pacto que la movilización continuaría al considerar que sus reivindicaciones van más allá del caso concreto de la anciana.
Almeida ha reclamado a la Delegación del Gobierno que actúe para poner fin a la concentración si no se desarrolla conforme a la normativa: «La concentración de Sol debería ser levantada de inmediato por parte de la Delegación del Gobierno». El alcalde ha precisado que el Ayuntamiento no cuestiona el derecho de manifestación, pero ha añadido: «No negaremos que cualquier persona tiene el derecho a manifestarse, pero no permitiremos que eso no se haga de acuerdo con las normas y nuestro marco de convivencia».
El acuerdo alcanzado este lunes permite así que Maricarmen vuelva a la vivienda después del desahucio y pone fin, al menos en lo relativo a su contrato, a un conflicto que se había convertido en uno de los principales símbolos del debate sobre la vivienda en Madrid.
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