Bruselas pide a España apagar el alumbrado público no esencial y reducir el consumo ante un invierno «duro»
La Comisión Europea insta a los gobiernos a recortar gas y electricidad para evitar nuevos picos de precio. Las reservas de gas de la UE caen al 70,35%, el nivel más bajo desde 2011, y España se sitúa en el 73,49%.
Por Iván Serrano
La Unión Europea afronta la llegada del otoño con una advertencia directa a los gobiernos: hay que prepararse para un invierno «duro» y reducir el consumo de gas y electricidad para evitar que los precios vuelvan a dispararse. Bruselas no prevé problemas inmediatos de suministro, pero sí un escenario de tensión que puede obligar a adoptar medidas excepcionales, entre ellas el apagado nocturno del alumbrado público secundario y la limitación de determinados consumos en las horas de mayor demanda.
La voz más clara ha sido la de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha recordado el impacto de la crisis energética vinculada al cierre del estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20% del petróleo y del gas natural mundial. Desde el inicio de esa crisis en Oriente Medio, el precio de la gasolina ha aumentado un 140%, mientras que el diésel ha llegado a duplicar su precio. «Mientras Europa dependa del petróleo y el gas, nuestra prosperidad seguirá expuesta a acontecimientos que escapan a nuestro control», ha afirmado von der Leyen, para quien la solución pasa por «reducir la dependencia de los combustibles fósiles mediante más renovables, electrificación y redes».
El comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, ha enviado una carta a los gobiernos de los Veintisiete en la que les invita a valorar medidas para mantener las inyecciones de gas o reducir la demanda de electricidad durante el tiempo que sea necesario. La misiva recupera el recetario aplicado durante la crisis de 2022: recorte del consumo eléctrico en horas punta, fomento de cambios de hábitos mediante contadores inteligentes y tarifas minoristas, limitación de temperaturas en edificios públicos, restricciones a la calefacción exterior y apagado nocturno de la iluminación pública no esencial. «Las medidas voluntarias y bien planificadas de reducción de la demanda resultaron útiles durante la crisis energética de 2022, y podemos aprovechar las lecciones de aquella experiencia en la situación actual», señala Jørgensen en la carta.
Los datos de almacenamiento dibujan un panorama frágil. Según Gas Infrastructure Europe, las reservas de gas de la UE se encontraban a finales de septiembre al 70,35% de su capacidad, el nivel más bajo registrado para estas fechas desde que el organismo comenzó a recopilar datos en 2011. Respecto al año anterior, los almacenamientos están 11,65 puntos porcentuales por debajo. Alemania, con el 57,02%, y Países Bajos, con el 56,53%, se sitúan claramente por debajo de la media comunitaria, mientras que Francia alcanza el 81,43% e Italia el 86,16%. España, con el 73,49%, queda ligeramente por encima de la media europea.
El origen del gas natural licuado que importa la UE también ha cambiado. Entre el cuarto trimestre de 2025 y el segundo de 2026, la cuota de Catar cayó del 10,16% al 0,4%, mientras que Estados Unidos pasó del 55,43% al 61,08%, Argelia del 5,32% al 8,04% y Rusia del 13,26% al 18,23%, según datos de Eurostat. Este reordenamiento de proveedores deja al mercado europeo más expuesto a la disponibilidad de GNL cuando aumente la demanda de calefacción.
La advertencia forma parte del llamado «Citizens Energy Package», un conjunto de medidas con el que Bruselas pretende contener el impacto de los precios sobre hogares y empresas y acelerar la transformación del sistema energético. El plan contempla movilizar 691.000 millones de euros en redes eléctricas y renovables, además de 240.000 millones adicionales en energía nuclear. La Comisión subraya que impuestos y recargos representan cerca de una cuarta parte del precio final de la electricidad para los hogares, lo que deja margen a los gobiernos para actuar sin rediseñar el mercado eléctrico. El objetivo final es que millones de hogares produzcan su propia energía renovable antes de 2030, con un ahorro estimado de entre 260 y 550 euros al año por vivienda.
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