Consumo abre expediente a una empresa de autobuses por precios engañosos y cláusulas abusivas
El Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una compañía de autobuses por presuntas prácticas engañosas en el precio y cláusulas abusivas en la devolución de tasas.
Por Inés Benítez
El Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, ha abierto un expediente sancionador contra una empresa de autobuses por presuntas prácticas engañosas en la fijación de precios y por la inclusión de cláusulas abusivas en sus condiciones de venta. La compañía no ha sido identificada en la información difundida por el departamento, que la ha dado a conocer a través de un comunicado oficial.
Según el ministerio, la empresa mostraría al consumidor un precio inicial que no incluye la totalidad de los cargos. Los gastos de gestión se añadirían en la última fase de la reserva, lo que dificultaría conocer el coste real del viaje hasta el final del proceso. Esta práctica, conocida como «precio por goteo» o drip pricing, es una de las que la administración considera potencialmente engañosas, porque el usuario toma una decisión de compra basándose en una cifra que no refleja el importe que finalmente pagará.
A ello se suma la presunta negativa a devolver los gastos de gestión cuando el viaje se cancela. El ministerio considera que las cláusulas de devolución de la compañía podrían ser abusivas en el sentido de los artículos 83 y 87 de la normativa de protección de consumidores, que regulan el carácter abusivo de determinadas condiciones contractuales. En la práctica, el consumidor que renuncia a un trayecto pagaría una parte de un servicio que no ha recibido, un punto especialmente sensible para quienes compran billetes con antelación.
El expediente es el segundo de este tipo abierto en lo que va de año. El primero tuvo como objetivo a un vendedor de billetes de tren y avión durante el verano, lo que sitúa esta actuación dentro de una línea de supervisión que el departamento de Bustinduy ha querido mantener sobre el sector del transporte de viajeros. Con ambos casos, el ministerio busca comprobar la aplicación práctica de la Ley SAC, aprobada el año pasado, que obliga a que las tasas y gastos se incluyan desde el inicio en el precio final que se muestra al consumidor.
La norma responde a una demanda recurrente de las asociaciones de consumidores: que nadie descubra al final de una compra cargos que no había visto antes. Cuando las tasas aparecen de forma tardía, la comparación entre oferentes se vuelve difícil y el precio anunciado pierde utilidad como referencia. La obligación de incluirlas desde el principio pretende devolver transparencia a un proceso que, en muchos casos, se realiza íntegramente en el móvil o en el ordenador, con pocos segundos para revisar cada paso.
El marco sancionador es considerable. La publicidad engañosa puede acarrear multas de hasta 100.000 euros o de entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, la cifra que resulte más alta según el caso. Para las cláusulas abusivas, la sanción máxima alcanza el millón de euros o entre seis y ocho veces el beneficio ilícito. Estas cifras reflejan la gravedad que la administración atribuye a este tipo de conductas cuando afectan a un número amplio de personas.
El ministerio ha subrayado que la apertura de un expediente no supone un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. La resolución final dependerá de la instrucción del procedimiento, en la que la empresa podrá presentar sus alegaciones y aportar la documentación que considere oportuna. Hasta que se dicte una decisión definitiva, la compañía no puede considerarse sancionada, y las conclusiones del expediente determinarán si las prácticas señaladas se confirman y en qué medida.
Fuente: eldiario.es
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