Planas agota el presupuesto agrícola pero faltan 244 millones solo para gasóleo
El ministro de Agricultura asegura que España ha movilizado el máximo de ayudas permitidas por Bruselas, pero los cálculos de organizaciones agrarias y PP revelan un déficit de al menos 244 millones de euros solo en compensaciones por el gasóleo B.
Por Iván Serrano
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha sostenido en las últimas semanas que las ayudas concedidas por el Gobierno a agricultores y pescadores para paliar la crisis energética derivada del conflicto en Irán representan el máximo que Bruselas permite subvencionar. Sin embargo, un análisis de los reales decretos anticrisis aprobados revela que el Ejecutivo podría haber destinado 244 millones de euros adicionales solo a financiar la compra de combustibles sin exceder el límite del 70% del sobrecoste autorizado por la Comisión Europea.
Las bonificaciones al gasóleo B y las subvenciones a la fertilización son ayudas de Estado que requieren el visto bueno del Ejecutivo comunitario. En el marco de esta crisis, Bruselas ha autorizado a España a cubrir hasta el 70% del sobrecoste registrado por el sector primario. Planas afirma que el paquete implementado cubre esas necesidades, pero los datos del Ministerio de Agricultura recogidos por la organización agraria Unión de Uniones muestran lo contrario. El precio medio del gasóleo agrícola sin impuestos pasó de 0,734 euros por litro antes del conflicto a 1,196 euros a finales de septiembre, un alza de 46,2 céntimos por litro. Compensar el 70% de ese gasto extra exigiría algo más de 32 céntimos por litro, frente a los 20 céntimos de devolución extraordinaria vigentes.
Unión de Uniones calcula que, al llegar el 31 de diciembre, el sobrecoste acumulado por la compra de gasóleo B desde marzo rondará los 576 millones de euros para todo el sector. El 70% de esa cantidad son 403 millones, muy lejos de los 159 millones desplegados hasta ahora por el Ejecutivo, de los cuales 52 millones corresponden al último real decreto. El Partido Popular ha realizado su propio cálculo para lo que resta de año: el tercer paquete de ayudas para combustible agrícola, dotado con 52 millones, solo cubre un 33% de la inflación que sufrirán los agricultores hasta diciembre, estimada en unos 155 millones.
Los pescadores afrontan un problema similar. A los 15 millones de euros desbloqueados el 29 de septiembre les faltan seis millones para alcanzar el 70% del encarecimiento acumulado, que asciende a 21 millones para el período octubre-diciembre. En fertilizantes, la subvención quedó fijada en 92,5 euros por hectárea para regadío y 38,33 euros para secano, con un presupuesto total de 665 millones. Planas sostiene que esa cifra cubre el 70% de la inflación en estos insumos, pero las organizaciones agrarias advierten de que no es así, entre otras razones porque el mecanismo distingue de forma gruesa entre secano y regadío cuando los gastos de abonado varían enormemente entre cultivos.
El PP ha afinado el análisis y concluye que, debido al cierre del estrecho de Ormuz —vía por la que transita hasta un 35% de los bienes que la industria agroquímica utiliza para fabricar abonos—, esta campaña el campo se enfrenta a sobrecostes de 1.287 millones de euros. El 70% de esa cantidad equivale a 901 millones, no a los 665 millones dispuestos por el Gobierno, de los que solo se han ejecutado 494. Milagros Marcos, secretaria nacional de Agricultura del PP, ha explicado que el próximo 13 de octubre llevarán este asunto a las Cortes. Ya el 11 de septiembre presentaron una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno a recalcular la cuantía de las ayudas.
Para el principal partido de la oposición, el plan de alivio fiscal para agricultores y pescadores debería elevar las subvenciones hasta el máximo permitido por la Unión Europea y establecer un mecanismo que evite que los beneficiarios de las rebajas tributarias al gasóleo tengan que adelantar el dinero al Fisco a través del sistema de solicitud de devolución de impuestos. Asimismo, para reducir el precio final de los alimentos, los populares apuestan por una eliminación temporal del IVA de la cesta básica de la compra.
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