El fiscal jefe de la Audiencia Nacional asume la investigación sobre la crisis migratoria de Ceuta
Jesús Alonso dirigirá personalmente las diligencias abiertas por la jueza María Tardón sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta, tras el informe policial que señala a Marruecos y el choque con Marlaska.
Por Inés Benítez
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha asumido personalmente la investigación sobre la crisis migratoria ocurrida en Ceuta los días 30 y 31 de julio, después de que la jueza María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, abriera diligencias judiciales para esclarecer los hechos. Fuentes fiscales han confirmado que Alonso tomó esta decisión de forma directa, dada la singularidad y trascendencia del caso, en lugar de que el procedimiento recayera en el fiscal José Perals, a quien correspondía según el reparto habitual. Esta práctica, según las mismas fuentes, no es infrecuente en órganos fiscales, especialmente en las fiscalías especializadas, por lo que será Alonso quien redacte y firme el informe sobre la admisión a trámite de la denuncia y sobre la competencia de la Audiencia Nacional para investigar lo sucedido.
La decisión del fiscal jefe llega en un momento de máxima tensión institucional provocada por el informe que la Policía Nacional entregó a la jueza Tardón, elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF). En ese documento, los agentes describen la entrada masiva de personas en la ciudad autónoma como un episodio «planificado» y en ningún caso «espontáneo», y sitúan entre sus organizadores y ejecutores a personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos. El contenido del informe ha indignado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien envió una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, para expresar su «preocupación» por la decisión de la magistrada de prohibir a la Policía facilitar ese documento a sus superiores jerárquicos y al Gobierno.
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha salido en defensa de Tardón y ha asegurado que la jueza «no sólo no ha interferido en la seguridad nacional» con su instrucción, sino que «está actuando para la preservación y defensa del interés general de España». En un acuerdo hecho público este viernes, el órgano de gobierno del tribunal ha recordado el marco normativo que regula la dependencia funcional de la Policía Judicial, citando el Real Decreto de 1987 que establece que las unidades de Policía Judicial dependen funcionalmente de los jueces, tribunales o miembros del Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su investigación. La Sala ha añadido que los agentes deben guardar «rigurosa reserva» sobre la evolución y resultado de las investigaciones que les hayan sido encomendadas, un deber que ha situado en un marco constitucional más amplio: la Carta Magna dispone que la policía judicial depende de los jueces y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito, lo que constituye «una garantía de la independencia de los miembros del Poder Judicial».
El acuerdo también ha dejado constancia del agradecimiento de la Sala de Gobierno hacia Isabel Perelló por su respuesta «en defensa de la independencia judicial y, en particular, de la magistrada de esta Audiencia Nacional», y ha exigido «el máximo respeto» hacia la jueza «por parte de las autoridades políticas». La causa que instruye Tardón investiga el fallecimiento de un número de personas que, según recoge el propio acuerdo, «se sitúa en torno a los ciento cuarenta», tras la avalancha de migrantes en el perímetro fronterizo ceutí. El episodio, que ha dejado un elevado número de víctimas mortales, ha derivado en un pulso entre el poder judicial y el Ejecutivo sobre el acceso a la información sensible de la instrucción, mientras la Audiencia Nacional defiende que la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales.
