El Gobierno aprueba la nueva ley de asilo y la reforma de la ley de extranjería
El Consejo de Ministros ha dado luz verde en primera vuelta a dos anteproyectos para adaptar el marco jurídico español al Pacto Europeo de Migración y Asilo. La nueva ley de asilo fija un procedimiento acelerado con resolución en tres meses y un procedimiento de frontera con un plazo máximo de 12 semanas.
Por Elena Lozano
El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta la nueva ley de asilo y la reforma de la ley de extranjería, dos anteproyectos impulsados por el Ministerio del Interior con el objetivo de adecuar el marco jurídico español al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor en junio. Así lo han anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo.
Según ha explicado Marlaska, ambos textos han sido elaborados con un enfoque «garantista de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes», el mismo que llevó al Gobierno a rechazar el Reglamento de Retorno a Terceros Países. No obstante, el ministro ha precisado que la perspectiva también «conjuga la necesaria gestión de nuestras fronteras para garantizar la seguridad de nuestro país». El objetivo del Ejecutivo es contar «con un sistema de protección más ágil, eficaz, ordenado y, por supuesto, garantista, que responda mejor a la nueva realidad del fenómeno migratorio sin reducir en modo alguno las garantías de las personas solicitantes y beneficiarias».
En cuanto a la nueva ley de asilo, la norma actualiza y precisa las definiciones de protección internacional, estatuto del refugiado y protección subsidiaria. Además, incorpora realidades como la persecución relacionada «con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad», lo que, en palabras del ministro, «mejora el abordaje de situaciones concretas de vulnerabilidad». La futura ley distingue entre el procedimiento ordinario de examen, un procedimiento de examen y aceleración de los expedientes y un procedimiento que ha de estar resuelto en tres meses.
El texto también fija un nuevo procedimiento de frontera, con un plazo máximo de resolución de 12 semanas, durante las cuales el solicitante de protección internacional deberá permanecer a disposición de las autoridades españolas. Marlaska ha insistido en que este nuevo procedimiento no significa la no tramitación de ningún expediente, sino «todo lo contrario»: unos «tiempos más breves» y «sin menoscabo alguno de los derechos y libertades fundamentales».
Respecto a la reforma de la ley de extranjería, incorpora la figura del triaje, el proceso de recogida de información de los extranjeros que cruzan las fronteras españolas sin haber sido sometidos a los controles fronterizos de entrada. El control incluye un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación, la toma de datos biométricos, una inspección de seguridad y la derivación al procedimiento adecuado en cada caso. Marlaska ha precisado que el triaje es «obligatorio» para los estados miembros y que, aunque el reglamento europeo fija un plazo de hasta siete días, en España se mantendrán las 72 horas «para limitar al mínimo imprescindible el tiempo que el extranjero deba permanecer en las instalaciones policiales habilitadas».
La reforma incorpora además los preceptos del Pacto Europeo sobre inmigración que impiden la entrada en territorio nacional de aquellas personas que llegan de manera irregular a las fronteras y no tienen derecho a protección internacional. Los solicitantes que vean rechazada su petición recibirán una notificación junto a la denegación de entrada y la obligación de abandonar el país.
El Gobierno recabará ahora el informe de organismos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Consejo de Estado, así como del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes o el Consejo Estatal de ONG. Marlaska espera poder aprobar ambos proyectos de ley a la mayor brevedad posible para remitirlos al Congreso, donde ha asegurado que hablarán con «todos» los grupos parlamentarios. La tramitación llega en plena crisis migratoria en Ceuta, donde se ha registrado una presión creciente en las fronteras en las últimas semanas.
