El Supremo da 48 horas para alegaciones antes de decidir sobre el voto de los nacionalizados por la ley de nietos
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha concedido un plazo improrrogable de 48 horas a las partes para presentar alegaciones antes de resolver sobre la suspensión cautelar de las inscripciones en el CERA de personas que obtuvieron la nacionalidad española por la ley de nietos. La convocatoria electoral del 29 de noviembre ha añadido presión al caso, con Vox e Iustitia Europa presentando nuevos escritos.
Por Marcos Esteban
El Tribunal Supremo ha concedido un plazo improrrogable de 48 horas a las partes para que presenten sus alegaciones antes de resolver sobre la suspensión cautelar de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA) de las personas que adquirieron la nacionalidad española a través de la conocida como ley de nietos. La decisión, adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, se produce después de que Vox e Iustitia Europa hayan presentado nuevos escritos en relación con este asunto, según dos providencias notificadas este martes.
El plazo para remitir los escritos finaliza a las 15:00 horas de este jueves. Hasta entonces, la Fiscalía, la Abogacía del Estado —que representa al Ministerio de Justicia, a la Junta Electoral Central y al Instituto Nacional de Estadística—, Iustitia Europa y Vox deberán presentar sus argumentos. La Abogacía del Estado había recurrido en reposición la suspensión cautelar acordada por el tribunal, y el señalamiento para resolver estaba fijado inicialmente para este lunes, pero la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre ha introducido una circunstancia sobrevenida que ha obligado a reajustar el calendario judicial.
Además de las alegaciones de las partes, la providencia indica que estas deberán extenderse también al emplazamiento de las personas que hayan obtenido la nacionalidad española por la ley de nietos y hayan sido o no inscritas en el censo. El tribunal justifica esta decisión en la necesidad de «valorar la válida y eficaz constitución de la relación jurídico procesal en este procedimiento», aunque no detalla cómo se ejecutará ese emplazamiento. Fuentes jurídicas consultadas por EFE esperan que la Sala resuelva de forma conjunta todas las cuestiones planteadas ya la próxima semana, dado que se trata de un asunto delicado que se ha complicado aún más tras el adelanto electoral.
El origen del conflicto se remonta a la suspensión cautelar de las inscripciones en el CERA acordada por el Supremo en septiembre, tras los recursos de Vox e Iustitia Europa. Esta suspensión afecta a los aproximadamente 400.000 beneficiarios estimados de la ley de nietos, que podrían quedar excluidos del derecho al voto en los comicios del 29 de noviembre. La Abogacía del Estado ha advertido en su escrito que la decisión del Supremo supone un «exceso» porque cercena el derecho de sufragio de «nacionales españoles que han adquirido la nacionalidad española con todos los derechos inherentes». Asimismo, señala que «resulta materialmente imposible» revisar alrededor de 170.000 expedientes de nuevos electores antes del cierre del censo, previsto para el 1 de enero.
Con el adelanto electoral, el último censo disponible es el del 1 de agosto, que ya incluye altas afectadas por la suspensión cautelar posterior, de septiembre. Iustitia Europa ha pedido al alto tribunal que «acuerde las actuaciones de ejecución y concreción que resulten necesarias» para garantizar que la suspensión cautelar se aplique en las elecciones del 29 de noviembre. Por su parte, Vox ha solicitado que se suspenda el derecho al voto de todos los españoles que adquirieron la nacionalidad como consecuencia de la ley de nietos, incluidos los hijos y nietos de exiliados, si la Junta Electoral Central no acredita esta circunstancia.
La controversia ha generado una profunda división en el seno del Tribunal Supremo. Tres magistrados vocales de la Junta Electoral manifestaron su oposición a la decisión de sus compañeros y aseguraron que el auto incluye errores formales, dado que no se notificó a los más de 400.000 afectados. Este malestar interno se suma a la complejidad jurídica del caso, que enfrenta el derecho de sufragio de los nacionalizados con la necesidad de garantizar la regularidad del censo electoral. Mientras tanto, el Gobierno ha intentado salvar la ley de nietos mediante una enmienda en una norma educativa, una maniobra que juristas han calificado de «estratagema legislativa» para sortear la suspensión cautelar. La resolución del Supremo, que se espera para la próxima semana, determinará si estos nuevos ciudadanos pueden votar en las elecciones generales del 29 de noviembre.
3
