El Tribunal de Cuentas da cinco días a Fiscalía y Comunidad de Madrid para decidir si investiga el ático de Chamberí
El Tribunal de Cuentas abre un plazo de cinco días para que Fiscalía, Planifica Madrid y la Comunidad de Madrid se pronuncien sobre si se nombra un instructor que investigue la compra del ático de 6,3 millones o se archiva la causa. La operación acumula cinco denuncias y la oposición exige conocer quién ordenó la adquisición.
Por Inés Benítez
El Tribunal de Cuentas ha concedido un plazo común de cinco días al Ministerio Fiscal, a la empresa pública Planifica Madrid y a la Comunidad de Madrid para que se pronuncien sobre si procede nombrar un delegado instructor que investigue la presunta adquisición irregular de un ático en el distrito madrileño de Chamberí o, por el contrario, acordar el archivo de la acción pública. La diligencia de ordenación, fechada en el marco del procedimiento abierto el pasado 15 de septiembre, da así un paso decisivo antes de que el órgano fiscalizador decida si entra a fondo en la operación.
El caso se remonta a la compra de una vivienda de uso residencial por parte de Planifica Madrid, M.P., S.A., sociedad dependiente de la Comunidad de Madrid, por un importe de 6,3 millones de euros. El Tribunal de Cuentas acumula ya cinco denuncias sobre los mismos hechos: cuatro presentadas entre el 3 de agosto y el 1 de septiembre, y una quinta recibida el 30 de septiembre. Las denuncias apuntan a un posible desvío de fondos públicos que habría causado un perjuicio a los caudales de la empresa pública y del Gobierno regional.
En paralelo, el Tribunal ha tenido por personados en la acción pública al Grupo Parlamentario Más Madrid y al PSOE, tras verificar que cumplen los requisitos de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Ambas formaciones, junto a Vox, han denunciado la opacidad de la operación y reclaman conocer quién dio la orden para adquirir el inmueble, así como la comparecencia de Pedro Corbalán, consejero de Planifica Madrid.
La denuncia del PSOE, una de las que han llegado al órgano fiscalizador, solicita esclarecer si existió un acuerdo específico del consejo de administración de Planifica Madrid para aprobar la selección del inmueble, el precio, las arras y la inversión. Los socialistas también preguntan qué controles presupuestarios, técnicos y jurídicos eran exigibles y si llegaron a activarse. Según su escrito, en la documentación remitida por la Comunidad no consta un acuerdo específico del consejo relativo a la compra, ni un expediente previo que acreditara la necesidad de adquirir la vivienda, ni un expediente de control presupuestario o fiscalización de la operación.
El trámite abierto ahora por el Tribunal de Cuentas se produce después de que la Sección de Enjuiciamiento haya recibido las denuncias a lo largo del verano. Las partes citadas podrán pronunciarse sobre la conveniencia de designar un instructor que practique las diligencias previstas en el artículo 47 de la Ley 7/1988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, o bien solicitar el archivo de la acción pública. Si finalmente se nombra un delegado instructor, este deberá averiguar los hechos y determinar los presuntos responsables.
El asunto ha escalado políticamente en la Comunidad de Madrid. La oposición en bloque —Más Madrid, PSOE y Vox— ha exigido transparencia sobre una operación que, según sostienen, no ha sido suficientemente explicada. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha defendido la legalidad de la compra y ha presumido de transparencia, mientras el foco se ha desplazado hacia el consejero delegado de la empresa pública que materializó la adquisición. La incógnita central sigue siendo por qué Planifica Madrid eligió esa vivienda y no otra, y quién impulsó la operación.
Con el plazo de cinco días ya en marcha, la decisión del Tribunal de Cuentas marcará el futuro inmediato del caso: o se abre una investigación formal con instructor, o se archiva la acción pública. La resolución del órgano fiscalizador determinará si la compra del ático de Chamberí queda definitivamente cerrada o si entra en una nueva fase de escrutinio judicial y político.
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