El TSJC aplica el indulto parcial a Laura Borràs y le rebaja la pena de prisión a dos años
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha aplicado el indulto parcial concedido por el Gobierno a la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, y le ha conmutado la pena de 4 años y medio de prisión por otra de dos años, suspendible si no reincide en cinco años. Se mantienen la multa y la inhabilitación.
Por Marcos Esteban
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha aplicado este viernes el indulto parcial a la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, y le ha conmutado la pena de prisión de 4 años y 6 meses que le fue impuesta por otra de dos años, que puede quedar suspendida. La decisión llega después de que el Gobierno aprobara en julio el indulto parcial, manteniendo la multa y la inhabilitación de 4 años y un día que también figuran en la condena.
En la resolución, el tribunal acuerda conmutar la pena privativa de libertad a condición de que Borràs no vuelva a cometer un delito doloso en el plazo de cinco años. La expresidenta del Parlament fue condenada por prevaricación y falsedad documental por trocear contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), una causa que fue confirmada por el Tribunal Supremo y que incluía además 13 años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros.
El Gobierno justificó la medida dos años después de la aprobación de la ley de amnistía por parte del Congreso, argumentando que el propio TSJC, que fue el órgano que la condenó, afirmó en su sentencia que la pena de prisión resultaba «desproporcionada y excesiva» y proponía el indulto. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió la decisión y negó tajantemente que guarde relación con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado o con la necesidad del Ejecutivo de recomponer sus relaciones con Junts de cara al nuevo curso político, que también hace de antesala electoral a los comicios de 2027. «Nada tiene que ver con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado ni con nada que tenga que ver con la política. Eso ténganlo ustedes claro», remarcó.
En paralelo, la Sala Civil y Penal del TSJC ha desestimado las peticiones de amnistía del exsecretario de Vicepresidencia de la Generalitat, Josep Maria Jové, y del exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, y mantiene las cuestiones prejudiciales que elevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Ambos están acusados de malversación, prevaricación y desobediencia por su papel en la organización del referéndum del 1 de octubre cuando ejercían como altos cargos en la consellería de Economía durante la etapa de Oriol Junqueras.
El TSJC elevó una cuestión prejudicial para que el TJUE examinase la adecuación de la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación de fondos públicos. En julio, el TJUE emitió dos sentencias: una respondiendo a las cuestiones planteadas por el Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable del expresidente Carles Puigdemont y otras personas en el uso de fondos públicos para financiar el proceso independentista, y la segunda a la Audiencia Nacional sobre el delito de terrorismo por el que investigó a los Comités de Defensa de la República (CDR).
La Justicia europea concluyó que el Derecho de la UE no se opone a que la ley de amnistía perdone la responsabilidad contable por acciones ejecutadas «en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen de la UE, ni están destinados a este». Ahora, el TSJC argumenta en su resolución que «la naturaleza de los procedimientos desde los que los tribunales nacionales plantearon las cuestiones prejudiciales ya resueltas por el TJUE difiere radicalmente» del procedimiento que afecta a Salvadó y a Jové. Por ese motivo, entiende que las sentencias emitidas en julio por el TJUE «no alcanzan a responder» a todas las reservas planteadas por la Sala, por lo que acuerda mantener en los mismos términos las cuestiones prejudiciales formuladas.
