Hacienda acusa a Madrid de «gamberrismo institucional» por ausentarse del Consejo de Política Fiscal
El Ministerio de Hacienda tacha de «irresponsable» la decisión de la Comunidad de Madrid de no acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado para este viernes, donde se debatirá la reforma del sistema de financiación autonómica.
Por Iván Serrano
El Ministerio de Hacienda ha acusado a la Comunidad de Madrid de «gamberrismo institucional» por intentar «boicotear» el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado para este viernes, después de que el gobierno regional anunciara su intención de ausentarse de la reunión. El departamento que dirige Arcadi España considera que la actitud del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso es «irresponsable» y supone un llamamiento a boicotear un órgano clave para la negociación de la financiación autonómica.
El gobierno madrileño trasladó en la tarde de este jueves que no acudirá al cónclave y animó a hacer lo mismo al resto de comunidades gobernadas por el Partido Popular. Según la comunicación remitida, Madrid argumenta que la única forma de impedir que se materialice un acuerdo es evitar que exista quórum suficiente para que no pueda votarse la propuesta de Hacienda. El reglamento del CPFF establece que, para que el consejo esté válidamente constituido, deben asistir al menos la mitad de sus miembros, lo que exigiría una deserción amplia entre las doce autonomías que gobierna el PP y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Desde Hacienda subrayan que todos los gobiernos autonómicos habían confirmado su asistencia al encuentro y que ninguna consejería trasladó su intención de ausentarse durante las conversaciones previas. De hecho, todas las comunidades acudieron con normalidad a las reuniones preparatorias celebradas en la mañana de este jueves. El ejecutivo madrileño, por su parte, sostiene que ya había trasladado su postura al resto de autonomías y a la dirección nacional del PP en reuniones internas previas.
La normativa interna del CPFF reserva la mitad de los votos al ministerio y reparte el resto entre las comunidades, lo que garantiza que la propuesta del Gobierno saldrá adelante con el voto favorable de Cataluña y Canarias, los únicos ejecutivos que respaldan la reforma. Pese a ello, el Ministerio de Hacienda recalca que la reforma del modelo se debatirá «en última instancia» en el Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía nacional. Como es habitual con las leyes que afectan a las autonomías, la propuesta se votará primero en el CPFF, pasará después al Consejo de Ministros y terminará su recorrido en el Congreso y el Senado.
Por el momento, ninguna otra autonomía gobernada por los populares ha trasladado públicamente su intención de no acudir a la reunión. Hasta la fecha, los gobiernos regionales del PP habían hecho frente común tanto contra la reforma de la financiación como contra la condonación de la deuda. Ese bloque agrupa territorios con realidades muy distintas: Comunidad Valenciana y Murcia se encuentran entre las peor financiadas y con más deuda pública, mientras que Cantabria o Baleares reciben recursos por encima de la media y Madrid apenas tiene deuda.
No es la primera vez que las autonomías del PP se coordinan para abandonar el CPFF. En febrero del año pasado, todas abandonaron la reunión en la que se debatió la condonación de la deuda y escenificaron su desacuerdo con una declaración improvisada en las escaleras del Ministerio de Economía. Entonces, una de las portavoces de la protesta fue Rocío Albert, la consejera de Hacienda madrileña. El frente autonómico del PP trató de impugnar la votación al considerar que no había quórum suficiente, pero Hacienda rechazó esa interpretación al considerar que la reunión ya se había constituido.
Las líneas generales de la reforma que presentará Arcadi España son conocidas desde hace tiempo. El Ejecutivo plantea incrementar en 21.000 millones de euros la parte de los impuestos que corresponde a las comunidades autónomas para que ninguna vea reducidos sus recursos. Sin embargo, el reparto de los nuevos fondos beneficia particularmente a Cataluña, que recibiría unos 507 euros más de financiación por habitante según estimaciones de Fedea, seguida de Comunidad Valenciana (496 euros), Murcia (468), Baleares (450) y Madrid (409).
La reforma modifica además el cálculo de la población ajustada, que determina cómo se reparten los recursos en función de la necesidad de gasto público, y altera elementos fundamentales del sistema como la solidaridad interterritorial. Con el nuevo modelo, la Comunidad de Madrid contribuiría con unos 8.000 millones a financiar al resto de territorios, una cifra muy similar a la que ya realiza, mientras que Cataluña reduciría notablemente su aportación de los 2.266 millones actuales a apenas 810 millones.
