La Fiscalía de Baleares querella al vicepresidente de Vox en Mallorca por el uso de coches oficiales
El Ministerio Público investiga a Pedro Bestard por el presunto uso exclusivo de tres vehículos del Consell de Mallorca sin autorización, a raíz de una denuncia del PSIB.
Por Elena Lozano
La Fiscalía de Baleares ha acordado presentar una querella contra Pedro Bestard, vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y conseller de Deportes, Medio Ambiente y Medio Rural, por el presunto uso fraudulento de vehículos oficiales de la institución insular. Bestard es además el líder de Vox en la isla. La decisión del Ministerio Público se produce tras una investigación por presunta malversación abierta a raíz de la denuncia presentada por el Grupo Socialista en el Consell de Mallorca el pasado 2 de julio.
Los socialistas consideran que los hechos atribuidos a Bestard podrían constituir malversación de caudales públicos continuada, prevaricación y falsedad documental. En su denuncia acusan al vicepresidente de utilizar de forma sistemática y reiterada varios vehículos de la institución para fines privados y, en algunas ocasiones, de manera exclusiva, lo que habría generado gastos de gasolina y otros consumos sin autorización. La denuncia describe, en definitiva, un uso continuado de los coches públicos y no un episodio aislado.
Como parte de sus diligencias, el PSIB pidió a la Fiscalía que tomara declaración a la secretaría técnica del departamento de Medio Ambiente, que dirige Bestard, a la secretaria técnica de Presidencia, al secretario general y a la interventora de la institución. También reclamó copia de los expedientes relacionados con el uso de los vehículos adscritos a ese departamento, así como los registros de desplazamientos, los consumos de combustible, el mantenimiento, los sistemas de geolocalización y cualquier otra documentación pertinente sobre el uso de los vehículos.
El caso salió a la luz en mayo. Después, la institución insular elaboró informes técnicos que concluyeron que el vicepresidente había hecho uso exclusivo de tres vehículos oficiales sin permiso, dado que no se había acreditado que estuvieran asignados en régimen de exclusividad. Los análisis internos, cuya elaboración ordenó el presidente del Consell, Llorenç Galmés, reconocían que este proceder «no es una conducta apropiada», pero sostenían que no se podía «determinar de forma categórica el uso indebido».
Pese a esas conclusiones, el Consell descartó tomar medidas contra Bestard y cerró el caso con la elaboración de una instrucción interna que regula el uso de los vehículos oficiales. Esa solución administrativa contrasta con la vía judicial que ahora se abre, en un asunto que ha situado el uso de los coches públicos en el centro del debate político en la isla. La querella supone, por tanto, que el asunto deja el ámbito interno de la institución y pasa a los tribunales.
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