La gerente del PSOE declara ante el juez que Cerdán tenía poder para contratar a los abogados de las cloacas
La grabación de la declaración de Ana María Fuentes ante el magistrado Santiago Pedraz revela que la gerente socialista atribuyó a Santos Cerdán la máxima responsabilidad en la contratación de los letrados vinculados a la presunta operación de desestabilización judicial.
Por Marcos Esteban
La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, declaró ante el magistrado Santiago Pedraz que el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, ostentaba la máxima responsabilidad y tenía poder para efectuar cualquier tipo de acción, incluida la contratación de servicios jurídicos. La grabación de su comparecencia, celebrada el pasado 9 de septiembre en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, sitúa a Cerdán en el centro de la contratación de los abogados presuntamente implicados en la trama que el instructor investiga.
Según el audio de la declaración, Fuentes explicó que en el PSOE el secretario de Organización es el representante legal del partido y, por tanto, la persona que ostenta la máxima responsabilidad. «En el PSOE el secretario de Organización es la persona que ostenta la máxima responsabilidad. Es el representante legal, por tanto, tiene el poder para efectuar cualquier tipo de acción», expuso la gerente ante el magistrado. Fuentes está imputada por su supuesta colaboración en la elaboración de facturas mendaces que habrían servido para ocultar la financiación de la operación.
La declaración de Fuentes se centró en determinar quién impulsó el pago de los gastos de Leire Díez y la contratación de dos abogados presuntamente implicados en las cloacas del partido: Ismael Oliver, que asumió brevemente la defensa de Koldo García, y Jacobo Teijelo, que más adelante asumiría la defensa de Santos Cerdán. La gerente relató que Teijelo comenzó a realizar labores de asesoría para el PSOE a raíz de un contrato verbal con Cerdán, y que el contrato físico se firmó más adelante. «El secretario de Organización tiene plenas facultades, puede contratar un servicio por contrato verbal. A la hora de realizar el pago sí que exigimos documentación», subrayó Fuentes.
En el caso de Ismael Oliver, la gerente declaró que fue la Secretaría de Organización la que pasó una factura por valor de 26.500 euros. «La secretaría de Organización es la que ordena la contratación y la asesoría jurídica hace la hoja de encargo», añadió. Fuentes también afirmó que no sabía que el partido estaba sufragando algunos billetes de tren y avión para Leire Díez y su socio Javier Pérez Dolset, y explicó que a la gerencia solo llegan autorizaciones cuando de algún modo se excede la política de viajes.
El magistrado Pedraz investiga la presunta operación financiada por el PSOE, liderada por Cerdán y ejecutada por Leire Díez, con el objetivo de desestabilizar causas judiciales sensibles para Ferraz, para el Gobierno y para el entorno familiar de Pedro Sánchez. La tesis del instructor sostiene que los pagos a los abogados y a la propia Díez formaban parte de una estructura destinada a interferir en procedimientos judiciales estratégicos.
Ese mismo día, tras la comparecencia de Fuentes, declaró ante el juez el letrado Ismael Oliver, también investigado en la causa. Oliver precisó que conoció a Leire Díez a través de su cliente Nervis Villalobos, exdirigente chavista, y que en 2024 Díez contactó con él para ofrecerle asumir la defensa de Koldo García. Según las conversaciones de WhatsApp intervenidas por la UCO y aportadas al procedimiento, Díez le aseguró que el PSOE se haría cargo de pagarle su trabajo. Oliver asumió inicialmente la defensa del exasesor de José Luis Ábalos, pero la dejó al cabo de los meses y, según indicó, no llegó a cobrar por sus servicios.
El abogado también se refirió a los en torno a 27.000 euros que, según admitió, sí que cobró. La tesis del instructor es que en esa operación Oliver fue un mero intermediario para que Ferraz pagara a Leire Díez. Él, en cambio, afirmó que el PSOE le pagó esa cantidad para que analizara desde el punto de vista jurídico la comisión de investigación de la operación Cataluña en el Congreso de los Diputados. Después trató de justificar el hecho de que su empresa pagara exactamente la misma cantidad a Díez alegando que la contrató para realizar labores de comunicación.
La causa continúa abierta en la Audiencia Nacional y el juez Pedraz mantiene imputada a Fuentes por su presunta participación en la elaboración de las facturas que habrían ocultado la financiación de la operación. La declaración de la gerente socialista y la del letrado Oliver configuran el núcleo de las pesquisas sobre el supuesto uso de fondos del partido para fines ajenos a la actividad ordinaria de la formación.
