La jueza Tardón cita como testigos a Vivas y al ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta
La magistrada María Tardón ordena la comparecencia del presidente de Ceuta y del ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno, que acusó a su superior de mentir sobre la alerta del CNI, en la investigación por la entrada masiva de inmigrantes de julio de 2026.
Por Inés Benítez
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha ordenado citar como testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y a Gonzalo Sanz, quien fuera jefe de gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma durante la crisis migratoria de finales de julio de 2026. La decisión, recogida en un extenso auto, forma parte de la investigación por la entrada masiva e irregular de inmigrantes ocurrida entre el 30 y el 31 de julio de ese año, según ha podido confirmar este medio.
La comparecencia de Sanz adquiere especial relevancia porque, al presentar su dimisión por la gestión de la crisis, acusó directamente a su superior, el delegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano (PSOE), de mentir. El ex jefe de gabinete afirmó haberle comunicado una alerta del CNI sobre un asalto masivo, una versión que el delegado negó haber recibido. La jueza quiere conocer de primera mano qué información se manejaba antes de los acontecimientos y qué circunstancias concretas provocaron el colapso operativo descrito en las actuaciones.
El calendario de declaraciones fijado en el auto establece que Vivas comparecerá el 30 de septiembre de 2026. Al día siguiente, el 1 de octubre, está previsto que declare el jefe de la Policía Local de Ceuta en el momento de los hechos y, posteriormente, el ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno. La instructora justifica estas citaciones por la necesidad de conocer «de forma directa, la información de que se disponía antes de los acontecimientos, las previsiones existentes, la evolución de la situación y las circunstancias concretas que determinaron el colapso operativo». El auto aclara que no serán los únicos testimonios y que se irán practicando más a medida que avance la instrucción.
La causa, que se investiga en la Audiencia Nacional por un delito contra la paz e independencia del Estado, recoge que la movilización afectó a entre 75.000 y 85.000 personas y que se han contabilizado ochenta y tres fallecidos asociados a los hechos. La jueza también ha ordenado acumular las diligencias abiertas en los juzgados de Ceuta por los fallecimientos y recabar un informe pericial que determine «las causas concretas de los fallecimientos, la influencia de las condiciones del cruce y la posible intervención de terceros» en el riesgo que desembocó en las muertes.
En el plano tecnológico, el auto ordena librar oficio al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) para que aporte la relación completa de números telefónicos detectados como administradores, dinamizadores, difusores o participantes relevantes, así como los identificadores utilizados en Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram y Telegram. También se emitirán comisiones rogatorias internacionales y órdenes europeas de investigación dirigidas a Meta, WhatsApp, Google y Apple, entre otras plataformas, para que conserven y remitan los datos de las cuentas empleadas en la difusión de la convocatoria entre el 1 de julio y el 15 de agosto. Estas diligencias se tramitarán en una pieza separada que tendrá carácter secreto.
La jueza ha autorizado además el análisis biométrico y el reconocimiento facial de las personas identificadas como dinamizadores en el terreno, tarea que recaerá sobre la Comisaría General de Información, la Policía Científica y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al que se pide comparar los perfiles con bases de datos de Interpol y Europol. Uno de los puntos más singulares del auto es el requerimiento al consejero delegado de la empresa tecnológica HI Iberia para que informe sobre las peticiones recibidas para obtener imágenes satelitales mediante su herramienta SEDA en un radio de acción «comprendido entre los 5.000 metros hacia territorio marroquí, y los mil metros en territorio español». También se reclaman imágenes al Estado Mayor de la Defensa (EMAD), obtenidas por sus mandos de operaciones, inteligencia y ciberespacio entre el 20 de julio y el 7 de agosto.
En el ámbito financiero, la instructora ha requerido a la UDEF de la Policía Nacional y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe que analice la «utilización de sistemas informales de transferencia de fondos, sistemas hawala, contratación de medios de transporte colectivos». El razonamiento jurídico sostiene que una movilización de esas dimensiones «difícilmente puede producirse sin recursos materiales y financieros», lo que justifica la pesquisa patrimonial. El auto, notificado al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas, admite recurso de reforma en el plazo de tres días. Mientras la instrucción tecnológica avanza bajo secreto, la comparecencia de Vivas y de su antiguo interlocutor en la Delegación del Gobierno abrirá a finales de septiembre el primer capítulo de una causa que hasta ahora solo ha hablado el lenguaje de los satélites, los servidores y las bases de datos biométricas.
